El Tribunal de la ONU que investiga el asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 entregó ayer un acta de acusación sellada y cuatro órdenes de detención al fiscal general de Beirut, en un caso que divide al Líbano y hace temer un nuevo estallido de violencia.

El jefe de la oposición parlamentaria e hijo de Rafik, Saad Hariri, mencionó un "momento histórico" después de "muchos años de paciencia y de combate" e instó al Gobierno de Najib Mikati, dominado por Hezbolá, a respetar las resoluciones internacionales.

"El acta de acusación y las órdenes de detención que la acompañan fueron transmitidas el 30 de junio de 2011 a las autoridades libanesas", señaló el Tribunal Especial para el Líbano (TEL), con sede en La Haya, en un comunicado. La confirmación significa que el juez de instrucción, el belga Daniel Fransen, "está convencido de que existen los medios de prueba que justifican la apertura de un juicio", recalcó el TEL, que precisó que "no se trata de un veredicto de culpabilidad".

Según una fuente judicial libanesa, las órdenes de detención van dirigidas contra "cuatro libaneses". La prensa local afirma que al menos dos de los sospechosos pertenecen al poderosos movimiento chií armado Hezbolá, un aliado de los regímenes sirio e iraní. La televisión libanesa LBC afirma que entre ellos figura Mustafa Badredin, cuñado de Imad Mughineh, uno de los dirigentes del Hezbolá fallecido en 2008 en un coche-bomba en Damasco. Badredin es sospechoso de haber supervisado el atentado de Hariri. El otro miembro de Hezbolá es Salim Ayash, con ciudadanía estadounidense y presuntamente a cargo de la célula que cometió el atentado, según la misma fuente.

Los responsables de Hezbolá contactados por la agencia AFP declinaron hacer declaraciones. Pero la televisión del partido, Al Manar, estimó que el TEL estaba politizado y al servicio de los servicios secretos. Hezbolá advirtió hace unos meses que "cortaría la mano" al que intente detener a miembros de su partido.

El movimiento provocó en enero la caída del Gobierno de unidad de Saad Hariri por oponerse a dejar de cooperar con el tribunal.

Su sucesor, Najib Mikati, exhortó ayer a actuar de forma "responsable y realista" y recordó que sólo eran acusaciones y no veredictos.

El Gobierno libanés afirmó que "seguirá los procedimientos del Tribunal Especial para el Líbano para que se haga Justicia fuera de consideraciones políticas o de venganza", pero aclaró que sólo lo hará "mientras esto no tenga un impacto negativo en la estabilidad del Líbano y la paz civil", lo que significa, según los observadores, que no cooperará.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer a los Estados miembros que colaboren con el TE) en la ejecución del acta de acusación y las órdenes de arresto presentadas.

El TEL, creado en virtud de una resolución de la ONU, está encargado de juzgar a los presuntos autores del atentado en el que murieron Hariri y otras 22 personas el 14 de febrero de 2005 en Beirut, cuando el Líbano aún estaba bajo tutela de Siria. Beirut dispone de 30 días para ejecutar las órdenes de detención.

El asesinato de Hariri, un musulmán suní y artífice de la reconstrucción del Líbano, sumió al país en una crisis y desató la Revolución del Cedro, que forzó a Siria a retirar sus tropas del país.

El Líbano quedó dividido entonces en dos campos, lo que degeneró en una oleada de enfrentamientos sangrientos entre chiíes y suníes en 2008 que estuvo a punto de hundir el país en una nueva guerra civil.