Jueces y fiscales de todas las instancias en Venezuela temen desobedecer al poder político y ser no sólo removidos de sus cargos, pues la gran mayoría tienen nombramientos temporales, sino blanco de represalias, según un informe de la Comisión Internacional de Juristas presentado ayer.

Destacados miembros de la CIJ presentaron el informe más completo elaborado hasta la fecha sobre el funcionamiento del Poder Judicial en Venezuela, que atraviesa una crisis política agudizada por las protestas estudiantiles.

Los miembros de la Judicatura "tienen miedo de desobedecer las órdenes políticas", afirmó el jurista venezolano Carlos Ayala en la presentación del informe.

El documento refleja la profunda sumisión de la Justicia venezolana a los dictados del Gobierno, que "la utiliza para reprimir las protestas estudiantiles" y "garantizar impunidad" a los agentes de las fuerzas del orden involucrados en abusos.

Ayala reveló que 1.500 estudiantes que participaron en manifestaciones fueron imputados y ahora están sometidos a diversas restricciones, como tener prohibido participar en protestas o reuniones públicas pacíficas y hablar con periodistas, con el riesgo de ir a la cárcel en caso de desobedecer. Además, 160 jóvenes estudiantes están en prisión y sin posibilidad de ser visitados por representantes de entidades independientes que supervisen el trato de reciben.

Por otro lado, la defensa del dirigente venezolano Leopoldo López aseguró ayer que el juicio al opositor por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos del 12 de febrero puede iniciarse a finales de agosto y aseguró que éste será un proceso al que acudirán "amarrados", sin pruebas.