El grueso de los grupos parlamentarios del Congreso respaldó este martes la tramitación de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Un avance que el sindicato Acaip, con amplia representación en los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz, ha celebrado. Los funcionarios de prisiones esperan que este cambio reduzca la agresiones que sufren en las cárceles, una cada 36 horas, dicen. 

En un comunicado, Acaip-UGT valora positivamente que el grupo que sustenta el Gobierno "haya dado este paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios". No obstante, apunta que "aún queda mucho por hacer". "Es imprescindible que se retome la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria que modernice una legislación preconstitucional. Además, debe acometerse la mejora retributiva de los funcionarios de prisiones y generar una oferta de empleo público suficiente para paliar el déficit de más de 3.000 efectivos, ello junto a una formación adecuada y universal y los medios materiales necesarios". 

El PSOE, a través de su portavoz de Interior, David Serrada, pidió ayer el apoyo para la toma en consideración de una vieja y "justa" demanda del colectivo de funcionarios de prisiones, a cuyos representantes sindicales, que se encontraban en la tribuna de invitados del Congreso, prometió que no les iba a fallar.

En concreto, esta reforma legal plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, "a efectos legales", el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla "resarcir económicamente" a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo.

Una iniciativa que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, valoró como "un primer paso" en la mejora de las condiciones socio-laborales de los funcionarios de prisiones, según señaló su portavoz de Interior, Juan Antonio Delgado.

El texto legal de los socialistas fue respaldado por todos los grupos parlamentarios salvo por ERC, Bildu y la CUP (grupo mixto).

Carolina Telechea, de ERC, justificó su voto en contra en que la propuesta no sólo no reconoce las demandas de los trabajadores públicos de los centros penitenciarios, sino que además no cree que vaya ir mucho más allá de su toma en consideración.

Desde Bildu, Jon Iñarritu defendió que reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones no ayudará a resolver la conflictividad en las cárceles, que ha ido en aumento debido, entre otras cuestiones, a la masificación de estos centros, a la falta de plantilla o de profesionales de la salud mental.

Iñarritu habló del incremento también de las "torturas" y los "abusos" en las cárceles, al igual que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien confirmó que no apoyará una reforma "de derechas" y "punitivista" que no va "a la raíz del problema", que es la desigualdad y la pobreza.

El resto de grupos dieron su visto bueno a la tramitación de una reforma pero entre críticas al PSOE, al que echaron en cara que hasta ahora haya rechazado todas las iniciativas similares presentadas en esta legislatura y en el pasado por partidos como el PP, Ciudadanos o Vox.