Destacados ecologistas denuncian "persecución municipal"

"Acoso sin derribo" a la casa Sousa-Clavero

  • Mercedes Sousa y Juan Clavero relatan las “represalias” del Ayuntamiento de Grazalema para “hacer imposible la vida” en su huerta ecológica de Benamahoma

Que un ciudadano solicite licencias para mejorar su casa o finca y que el Ayuntamiento se las conceda o se las deniegue, evidentemente no es noticia. Pero sí lo es que el ciudadano denuncie que, “cumpliendo escrupulosamente con la ley”, la administración local le “ponga permanentes trabas”. Mucho más si considera que esas “trabas” se convierten en “acoso” o “represalias” por una actividad ajena a su condición de convencino, incluso con “amenaza de derribo”. El hecho noticioso lo remata que los tribunales les vayan dando la razón.

Mercedes Sousa, esposa del ecologista Juan Clavero, compró hace más de una década un antiguo chalet de los años 70 en Benamahoma, pedanía de Grazalema, con el fin de convertirlo en una casa de tipología tradicional con una huerta ecológica. El último episodio es el de la denegación, de unas obras para diversos arreglos en la explotación sostenible. Sousa asegura que los trabajos tienen el informe positivo de la Agencia Andaluza del Agua y del Parque Natural Sierra de Grazalema y recuerda que la huerta ha recibido la certificación del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. “Justificándose siempre en informes jurídicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) [dependiente de Diputación], la alcaldesa me prohíbe ahora hacer muros de piedra para evitar el derrumbe de los bancales o el arreglo del cerramiento”, cuenta Mercedes. “Como ésto sobrepasa todos los límites, además de otro recurso contencioso administrativo, vamos a estudiar la presentación de una querella contra la alcaldesa y el arquitecto jefe del SAM”, agrega indignada. Ya le aceptaron uno contra la prohibición de reparar una antigua tubería de abastecimiento de agua que contaba con todos los parabienes administrativos, incluida la Junta Rectora del parque natural. “Me contestaron dos años después de remitir la información”, dice. Lo que sigue es el relato de lo que, según Mercedes Sousa, viene sucediendo desde hace más de diez años.

“En marzo de 1998 solicité licencia para la reforma de la casa y de otras construcciones auxiliares agrícolas. En septiembre, el Ayuntamiento que gobernaba Antonio Mateos [PSOE] nos la concede. Durante y con posterioridad a las obras sufrí un inexplicable acoso consistente, además de en el retraso mencionado, en continuas trabas e incluso en presiones directas que condicionaban los trabajos a la paralización de las denuncias de los ecologistas en el parque natural”, afirma Sousa. “Los informes técnicos –recuerda– aplicaban la normativa de suelo no urbanizable cuando la huerta era suelo urbanizable”.

Tanto la Junta de Andalucía como los tribunales terminaron por confirmar la legalidad de las obras”. Sin embargo, en diciembre de 2003, “el alcalde ordena una inspección preventiva, por si se hubiesen realizado obras sin licencia”. Sousa se opone, Mateos deja la Alcaldía, pero también la orden firmada, “de manera que el primer acto de la alcaldesa [María José Lara Mateos (PSOE)] tras su toma de posesión es ordenar que se ejecute dicha inspección”. Los técnicos no hallan ni rastro de ladrillos y cemento, ni del supuesto soberao ilegal. “Sin embargo, redactan un informe en el que aseguran que un escalón es indicio del tapiado del presunto soberao ilegal –era el tubo del aire caliente de la chimenea– y ordena la demolición de toda la casa”.

“En enero de 2005, Ecologistas en Acción denuncia públicamente el incumplimiento de la normativa urbanística en Benamahoma, con la construcción de pisos de hasta cuatro plantas, el expediente de demolición se incoa y, tras numerosos recursos, la orden de derribo se convierte en multas de 1.479,56 euros mensuales hasta la paralizaciónd e unas obras inexistentes”. Finalmente, en enero de 2006, la alcadesa firma otra resolución de demolición parcial de la casa, que también recurre Mercedes. En marzo del mismo año, Sousa presenta otro recurso contencioso administrativo, “pero un día antes de la vista, el 1 de junio, la alcaldesa notifica al juzgado que ha anulado todas las multas y la orden de demolicón, reconociendo por la vía administrativa mis pretensiones”.

Mercedes Sousa dice que la obsesión “por hacerme la vida imposible” fue tal que el Ayuntamiento llegó a desclasificar en el PGOU la huertas del Martinete, “pensando que me perjudicaría, cuando, por el contrario, evitó una operación urbanística que hubiese sido un auténtico pelotazo”. Y recuerda que Ecologistas en Acción ha solicitado la desclasificación de la macrourbanizaciñon del Baldihuelo, colindante con la huerta, donde se pretenden construir 180 viviendas.

El episodio de la dilación en la respuesta a los arreglos de mejora de la huerta –luego denegados– llevó al matrimonio de ecologistas a elevar una queja al Defensor del Pueblo, que está aceptada y en trámite. Mercedes Sousa recuerda que la alcaldesa “en 2002, como portavoz del grupo municipal socialista, llegó a defender en pleno una propuesta presentada por el entonces alcalde, su tío Antonio Mateos, para declarar a Juan Clavero ‘persona non grata’ en el municpio. Luego la llevó a la Junta Rectora del parque natural, que ni siquiera la tomó en consideración. Ese mismo año, Juan Clavero recibió el Premio Andalucía de Medio Ambiente, otorgado por la Junta”.

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