La comisión interdepartamental creada en la provincia de Cádiz con motivo del traspaso de competencias en materia de Costas a la Administración andaluza ha aprobado este lunes los 17 planes de explotación de playas de los municipios litorales gaditanos, que autorizan la instalación de un total de 113 chiringuitos.

Según han explicado en rueda de prensa el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, y la delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López, se han aprobado todos los chiringuitos planteados por los ayuntamientos a excepción de dos, uno en Chipiona y otro en La Línea de la Concepción.

Se trata, concretamente, de uno ubicado en la playa Punta Montijo de Chipiona debido a «razones ambientales», ya que su ubicación es «inviable» por situarse en un sistema dunar. Apunta que el montaje y desmontaje de las instalaciones supondría «gravísimos daños» en este entorno.

El segundo chiringuito denegado se sitúa en La Línea, en la playa La Alcaidesa, ya que no cumple con el requisito de que su ubicación tenga una separación mínima de 200 metros de cualquier otra instalación similar.

Según han explicado, los ayuntamientos de Rota, Chiclana y Chipiona han comenzado los planes de replanteo para la apertura de los chiringuitos en Semana Santa, añadiendo que los de Tarifa, La Línea y Sanlúcar han mostrado interés porque comiencen los replanteos en sus términos municipales. No obstante, han indicado que hasta el día 15 pueden presentar sus replanteos los ayuntamientos interesados en que los chiringuitos abran en Semana Santa.

OTRAS OCUPACIONES DENEGADAS

Además de los dos chiringuitos señalados, López ha informado de otras ocupaciones que han sido denegadas. Entre ellas ha citado las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre (DPMT) asociadas a la Velada de la Virgen de Regla en Chipiona, por su «enorme impacto» en el medio y en concreto en la arena, además del «menoscabo» que supone para el uso común de la playa.

En Vejer han sido denegadas tres bolsas de aparcamiento incluidas dentro de la Ribera del Mar, por situarse en zona inundable y afectar a flora amenazada.

En Barbate se deniega un kiosco en la playa de La Hierbabuena, por situarse en un sistema dunar de «alto valor ecológico» que limita con el Parque Natural las Breñas y Marismas del Barbate.

Asimismo, en Tarifa se ha denegado la práctica de deportes náuticos en los lagoons de la playa de Los Lances y desembocadura del río Vega por contravenir la normativa del Parque Natural del Estrecho.

LAS BARBACOAS

Para eventos «especiales», como fiestas tradicionales, conciertos en la playa, competiciones deportivas como las carreras de caballos de Sanlúcar o las barbacoas del Carranza en Cádiz, los ayuntamientos tienen que presentar un plan específico un mes antes de la realización de dicha actividad.

En este último caso, la responsable de Medio Ambiente ha indicado que ya están emplazados a una reunión técnica en junio con el Ayuntamiento de Cádiz. En cualquier caso, ha avanzado que Medio Ambiente abogará porque el evento tenga la menor afección posible al medio natural, con lo que no se descarta una acotamiento mayor del lugar de la celebración.

Además, teniendo en cuenta que en dicha fiesta se genera una serie de residuos que afectan «de manera directísima al medio natural», el día antes de la celebración se recogerán muestras de arena y agua, también al día siguiente, una semana después y la semana posterior a esa. El objetivo es establecer la afección al medio natural por su es pertinente replantear alguna de las condiciones para su celebración o incidir más en otras.

MUCHO MÁS QUE CHIRINGUITOS

Por su parte, Almagro ha enfatizado que el traspaso de estas competencias es un asunto de «extraordinaria importancia y complejidad» desde el punto de visa social, económico y político, por lo que «no podemos simplificarlo sólo y exclusivamente al asunto de la instalación de los chiringuitos en las playas».

Desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Estrecho de Gibraltar, en la franja litoral comprendida entre Sanlúcar de Barrameda en el Atlántico y San Roque en el Mediterráneo, residen más 800.000 personas de manera permanente, pudiendo recibir al año algo más de dos millones de visitantes.

Considera que la presencia de cuatro consejerías en la ordenación y gestión de este medio, «tan amplio y diverso» es «obligado», en tanto que conviven actividades económicas como el turismo, la pesca, el transporte de pasajeros y mercancías, actividades náuticas, deportivas, el urbanismo y la protección del medio natural.

Dice que al asumir las competencias «estamos protegiendo el entorno y nos obliga a facilitar el desarrollo de las oportunidades económicas», entre las que figuran los chiringuitos «como una más». Comenta que el traspaso de su gestión a la Junta va a suponer «ventajas», ya que va a funcionar como una «ventanilla única», permitiendo «simplificar enormemente los trámites».

También es una ventaja porque la Administración se plantea gestionar esa competencia «desde el respeto a la ordenación del territorio, el desarrollo sostenible y con una sensibilidad específica hacia el turismo».

Almagro ha enfatizado que, desde el marco de la legalidad y bajo el respeto a los criterios medioambientales y de garantía de uso público de las playas, la Junta va a «defender el mantenimiento y conservación de estos establecimientos y de los puestos de trabajo que directa o indirectamente dependen de ellos».

Finalmente, ha señalado que se va a crear un consejo de participación donde estarán representados los ayuntamientos y los representantes de los sectores sociales y económicos con intereses en el litoral.