La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, continúa avanzando en la instrucción de la denominada Operación Enredadera que, en lo que se refiere a Algeciras, tuvo su incidencia en el pago de comisiones ilegales en la construcción del complejo deportivo de El Calvario. En una decisión fechada el pasado 28 de noviembre pero conocida a última hora de la tarde de ayer, la magistrada impone fuertes fianzas a los autores de dichos pagos, los directivos de la empresa Fitonovo José Antonio González Baro, junto a su empleado Pablo Pérez Benedicto -éste último fue la persona que se desplazó hasta la ciudad y la que presuntamente realizó el pago efectivo del dinero a técnicos y políticos del anterior Consistorio algecireño- y a Carlos de Lecea Machado. En concreto el primero de ellos deberá hacer frente a un pago de más de 5,7 millones de euros, mientras que la petición del segundo es 239.488 euros y la del tercero 59.872 euros. Estas medidas cautelares pertenecen a los 32 detenidos en la última fase del Caso Madeja, la denominada Operación Enredadera que en Algeciras se inició el pasado mes de abril con la incautación de la documentación que el Ayuntamiento tenía sobre la adjudicación del polideportivo de El Calvario. Es en este contexto cuando se produce la imputación de los dos exalcaldes Sánchez Rull y Tomás Herrera y de tres técnicos municipales.

En el seno de las Diligencias Previas nº 4720/13, la magistrada se refiere a ambos como quienes "para lograr la adjudicación del contrato de construcción y explotación de los derechos sobre el Polideportivo El Calvario de Algeciras, a través de su sociedad participada Body Factory Gestión SL (cuyas acciones pertenecían el 49% a Fitonovo S.L. y el 51% a Body Factory Franquicias), en virtud del concurso anunciado el 10 de marzo de 2010, prometieron el pago inmediato de comisiones al delegado de Construcción y Urbanismo y posterior alcalde Diego Tomás Sánchez Rull para el partido del gobierno".

Dichas cantidades por lo que se refiere a Fitonovo "ascenderían a 279.360 euros entregadas entre el 25 de junio de 2010 y el 15 de septiembre de 2011 con un primer pago en la primera fecha de 130.000 euros".

La juez continúa asegurando que "en virtud de los informes que se realizaron tanto por el Coordinador del Patronato Municipal de Deportes Francisco Javier Malla Calvente, como por los ingenieros Manuel Rodríguez Rubio, José Álvarez Ruiz, director Técnico de Urbanismo, como por el arquitecto José Guillermo Alberola Visedo se favorecería indiciariamente de manera clara la oferta de Body Factory en detrimento de la de la empresa Campusport, adjudicándose provisionalmente el contrato a Body Factory por acuerdo de la Mesa de contratación que estaría integrada entre otros por los citados Diego Sánchez Rull, José Álvarez Ruiz y José Alberola Visedo, adoptándose el acuerdo de adjudicación por el Pleno del Ayuntamiento el 14 de junio de 2010".

También señala la juez a Carlos de Lecea Machado como otro de los directivos de Fitonovo, delegado de la misma en la zona de Madrid, que "habría tenido especial participación en el pago de las comisiones vinculadas al proyecto deportivo en Algeciras, para lo cual se habría abonado al Delegado de contratación y urbanismo y posteriormente alcalde D. Diego González Rull, o al partido socialista del gobierno municipal, la suma de 279.360 euros en concepto de dádivas. La entrega de dichas cantidades estaría acreditada por la documentación intervenida relativa a la caja B de Fitonovo, demostrada a su vez con los correspondientes recibos de entrega de dinero de dicha caja". Para conseguir dicha adjudicación, la juez señala que "se habría producido una valoración fraudulenta de los criterios de valoración expuestos en el pliego de condiciones en virtud de los informes técnicos realizados".