Provincia de Cádiz

La edil isleña Ana Lorenzo explica en una grabación cómo okupar viviendas

  • La responsable de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de San Fernando da detalles a una familia a punto de ser desahuciada de cómo entrar en una vivienda vacía de una entidad bancaria

La concejala Ana Lorenzo, en una comparecencia reciente. La concejala Ana Lorenzo, en una comparecencia reciente.

La concejala Ana Lorenzo, en una comparecencia reciente. / román ríos

La concejala de Inclusión y Política Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, la socialista Ana Lorenzo, se ha visto implicada en un espinoso asunto después de que ayer se conociera una grabación de audio en la que incitaba a una familia a punto de ser desahuciada a okupar ilegalmente una vivienda vacía que fuera propiedad de una entidad bancaria para posteriormente negociar un alquiler social.

La conversación fue grabada hace semanas en el interior de su despacho mientras atendía a una mujer con tres menores a su cargo que estaba a punto de ser desalojada de la casa en la que vivía de alquiler al carecer de recursos y tras un conflicto con la propiedad. En dicho contexto, los propios afectados llegan a apuntar que, ante su dramática situación, la única salida que les va a quedar es la de okupar una vivienda vacía.

"Se nos aconseja cometer una ilegalidad. Eso no es una ayuda", dicen los afectadosLorenzo pide disculpas y admite que habló "más con el corazón que con la cabeza"

El ex marido de la mujer desahuciada, Alejandro, ha denunciado los hechos al cuestionar la atención recibida por parte de los Servicios Sociales municipales, de los que lamenta que no le hayan dado una solución válida. "No considero que eso sea una ayuda. Se nos aconseja que cometa un delito pero no se resuelve el problema", afirmaba ayer a este periódico tras difundirse el audio y consumarse el desahucio por la mañana.

En dicha grabación, la concejala, dado su trabajo en Servicios Sociales, admite haberse convertido "en una experta en temas de okupar viviendas de manera ilegal porque viene la gente y me lo cuenta". "Yo le digo a la gente que antes de quedarse en la calle... No comparto que haya 200.000 viviendas vacías de entidades bancarias, con el dinero que tienen, y que haya familias en la calle", llega a afirmar la concejala en la reunión que mantuvo con esta familia y que fue grabada en su integridad con un teléfono móvil sin que ella se percatara. "No debo deciros esto. Pero os digo ahora mismo una vivienda en la que entráis y yo intento -no digo que lo vaya a conseguir, lo he conseguido con otras familias-, que os hagan un alquiler social, que teniendo la pensión lo conseguís casi seguro. Yo hago todo lo que está en mi mano. Me harto de trabajar para parar los desahucios con entidades bancarias. He hablado con la jueza, que me dice que entre particulares no puede hacer nada", expone la edil del PSOE.

Una vez que trascendió el contenido de la grabación, la concejala isleña reconoció la conversación y expresó sus "más sinceras disculpas por las palabras expuestas en una reunión de carácter privado". La edil aseguró que siempre ha pretendido aportar soluciones a un problema social de calado.

Lorenzo reconoció su "exceso de celo" a la hora de solventar casos de desalojo y que en este caso, en el que hay tres menores implicados, le llevó a exponer a esta familia soluciones puntuales "más con el corazón que con la cabeza".

La responsable de Políticas Sociales explicó que este encuentro se produjo tras numerosas reuniones con los afectados en las que siempre primó el objetivo de ofrecer "todas las soluciones posibles". De hecho, intermedió con los propietarios de la vivienda de la que ayer fue finalmente desahuciada "sin que se llegara a encontrar una salida". La edil no justifica "el error de lo expresado" durante la conversación grabada sin su consentimiento, cuyo contenido "fue fruto de una constante inquietud por aportar soluciones a quienes lo están pasando mal".

En el comunicado del Ayuntamiento para aclarar lo sucedido se desglosaron también las ayudas públicas que en este tiempo se habían concedido a esta familia para intentar paliar su situación. En mayo de 2015, Servicios Sociales le dio una ayuda de 750 euros para afrontar el pago de los primeros meses de alquiler del inmueble en el que entraron a vivir entonces y del que ahora se les ha desalojado. Posteriormente, recibió tres ayudas más para débitos de alquiler de 337,50 euros cada una, la última en marzo de 2016. Además, hasta enero del año pasado contaba con la ayuda económica familiar que el Ayuntamiento concede a personas con menores a su cargo: 332 euros mensuales, que dejó de percibir al empezar a cobrar el salario social. La pensión no contributiva y la pensión de alimentación por los hijos impiden la concesión de otro tipo de ayudas económicas municipales, precisó el Consistorio. Ante el desahucio previsto, se le concedió una nueva ayuda para acceder a un nuevo alquiler de 800 euros, que está pendiente de la firma de un nuevo contrato.

La concejala no adscrita del Ayuntamiento isleño, Inmaculada López, mostró ayer su solidaridad con la responsable de Servicios Sociales "que priimera fila la injusta asimetría que hay entre los derechos de las personas y los privilegios de los bancos".

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