Carlos Carretero recibirá en los próximos días una notificación de la Audiencia Provincial de Cádiz que le reclama que ingrese en prisión para cumplir la condena que le impuso el tribunal que juzgó la Operación Karlos. Carretero pactó con la Fiscalía cuatro años de cárcel por falsedad y estafa y admitió en el juicio que estaba al frente de una trama que obtenía de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral de la Seguridad Social destinadas a personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero. La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo pero es firme para los procesados que, como el expolicía, admitieron su culpabilidad y pactaron su condena.

Todos esos acusados condenados, entre los que se encuentra la pareja de Carretero, Elisa Calvente, aceptaron condenas que no superan los dos años de cárcel. Previsiblemente, ahora solicitarán al tribunal la suspensión condicional de condena y les será concedido, lo que les permitirá eludir la entrada en prisión.

Carretero es el único de ese grupo con una pena superior a los dos años que le impide obtener la suspensión de condena. La Audiencia ha iniciado los trámites de ejecución de la sentencia y entre ellos está notificarle al expolicía que debe ingresar en prisión para cumplir la pena de cuatro años que aceptó el pasado abril, cuando comenzó el juicio en la Sección Tercera.

La causa ya ha sido enviada al Tribunal Supremo, ante el que han presentado recursos contra sus condenas el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara, María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y la madre de ésta, Remedios Torres. Los tres se declararon inocentes ante el tribunal, que no creyó sus respectivas versiones .

La sentencia de la Audiencia condenó a Casto Pérez a 9 años y medio de prisión porque consideró probado que, junto con Carretero, estaba al frente de la trama montada para obtener pensiones de incapacidad. El tribunal condenó a Campanario y a su madre a un año y 11 meses de prisión. Estimó probado que Campanario, cliente de la trama, intentó conseguir una pensión de incapacidad para su madre a sabiendas de que no tenía derecho alguno a optar a ella. Los magistrados descartaron que ambas pensaran que todo era legal, que trataban de revisar una invalidez, tal como ellas aseguraron.

Casto negó rotundamente que recibiese dinero alguno de Carretero. La sentencia de la Audiencia afirma en cambio que quedó "plenamente acreditado" que Carretero compensaba lucrativamente al inspector médico de diversas maneras: con prestaciones personales y profesionales por las que no le cobraba, haciéndole favores personales u ofreciéndose a hacerlos a terceras personas por las que aquél intercedía.

Las defensas combatieron especialmente en el juicio las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Plantearon que deberían ser anuladas por distintas irregularidades. Pero la Audiencia las consideró válidas. Falta saber qué opinará ahora el Tribunal Supremo.

Carretero se agarrará ahora a ese clavo para solicitar a la Audiencia que le permita continuar en libertad en espera de lo que decida el Supremo, en previsión de que el alto tribunal revoque la sentencia de la Sección Tercera y anule las escuchas telefónicas y absuelva a Casto, a Campanario y a Remedios Torres. Eso podria beneficiarle a él para pedir y obtener un indulto parcial que le permitiese eludir la entrada en prisión. Esos eran sus planes el pasado julio.