La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto a Antonio Peña, ex alcalde de Chipiona por el Partido Popular, al que la Fiscalía acusaba de un delito continuado de prevaricación por formalizar contratos ilegales a través de la empresa municipal Caepionis, S.L. entre los años 2012 y 2013, cuando aún ostentaba el cargo de regidor en esta localidad de la Costa Noroeste.

También ha sido absuelto del delito continuado de prevaricación Rafael Naval Jurado, vicepresidente de la sociedad municipal Caepionis, procesado por los mismos hechos.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, da por probado que en el curso de las referidas contrataciones “se produjeron una serie de irregularidades”, bien porque se contrataba a personas que no aparecían en la bolsa de trabajo de Caepionis, bien porque no se respetaba el orden de prelación de las mismas. No obstante, subraya la resolución judicial, Antonio Peña desconocía el método para la selección de personal, él simplemente se limitaba a firmar esos contratos. “Ni elegía, ni imponía, ni recomendaba a los finalmente contratados”.

El magistrado ponente de la sentencia, Juan Sebastián Coloma, señala lo siguiente: “Nos encontramos ante una práctica claramente irregular que además afecta a un bien tan preciado y escaso como es el empleo en una zona deprimida en ese aspecto y en una época –2012 y 2013– de gravísima crisis económica y social, con cifras récord de desempleo”.

Sin embargo, apostilla el juez, “no consta que Antonio Peña tuviera mayor conocimiento o influencia en la decisión de a qué personas se contrataba o de que las mismas no se hubieran elegido conforme a lo establecido en la bolsa”.

Así, apunta el magistrado, los beneficiarios de los contratos que declararon en el juicio como testigos negaron tener una relación personal con Peña o con su partido, ni haberse entrevistado con él antes de la contratación para obtenerla.

El “hecho objetivo” que ha quedado acreditado es que Antonio Peña se limitó a firmar los contratos. Dicha firma “es un mero acto formal y necesario” que no puede implicar por sí sola la intencionalidad que precisa el delito prevaricación administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para cada uno de ellos la pena de 12 años de inhabilitación para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro puesto de naturaleza electiva en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

Es la segunda vez que la Audiencia de Cádiz absuelve a Antonio Peña. La primera vez fue en el año 2016 a raíz del conocido como caso Uniformes, en el que se juzgó las contrataciones ilegales de vestuario laboral que suscribió el Ayuntamiento de Rota con empresas privadas propiedad del entonces alcalde de la localidad, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos). Y es que Peña fue delegado de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Rota antes que regidor en Chipiona.

Médico de profesión, Antonio Peña fue elegido alcalde chipionero en las elecciones municipales de 2011 y reelegido en las celebradas en el año 2015. En octubre de 2016, sin embargo, renunció a su puesto como primera autoridad municipal después de recibir una orden judicial que le obligaba a ejecutar el derribo de 30 viviendas ilegales de Chipiona. Desde entonces, permanece apartado de la vida política.