La Audiencia Provincial de Cádiz intentará de nuevo juzgar a partir del próximo lunes a dos policías nacionales y a un agente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) a quienes la Fiscalía acusa de ayudar a una red de traficantes de hachís que introducía la droga, camuflada en camiones, por el puerto de Cádiz. Junto a ellos se sentarán en el banquillo otros once procesados en un asunto que se remonta a 2002. El juicio fue señalado para el pasado abril pero fue suspendido porque un procesado había cambiado de abogado y el nuevo, de oficio, se había incorporado días antes a la causa.

Entre los acusados está Rafael González, conocido como El Bigotes, procesado y condenado en dos destacados procedimientos que juzgó la Audiencia Provincial de Cádiz a finales de los noventa: el caso de la Autopista y el caso Aguilar, apellido éste de un guardia civil de Grupo Antidroga condenado por dirigir una organización de traficantes de hachís radicada en San Fernando.

El caso de la Autopista deparó un enfrentamiento sonado entre guardias civiles y policías que se disputaron a punta de pistola un alijo y a varios detenidos en el eliminado peaje de Jerez de la entonces A-4. Fue un caso en el que intervino Cerrudo Grimaldi, un confidente que acusó después al entonces jefe del Grupo Antidroga de llevarse dinero obtenido con cargamentos de hachís perfectamente controlados desde que llegaban a la costa gaditana. Ese asunto fue archivado cuando a Cerrudo lo mataron en su domicilio de San Fernando. El acusado de asesinarlo, que negaba haber cometido el crimen, falleció en prisión pocos días antes de ser juzgado.