El Ayuntamiento de San Fernando intenta por la vía judicial que Navantia pague el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que adeuda desde 2015, fecha en la que los astilleros públicos –a raíz de una modificación del convenio con Defensa– asumen la concesión administrativa de los terrenos e instalaciones sobre las que se asientan y desarrollan su actividad. Y eso, argumenta el Consistorio isleño, convierte a Navantia en titular catastral de dichos suelos, a la que por tanto se puede reclamar directamente el pago de este impuesto municipal.

Hasta ahora, Navantia estaba exenta del pago del IBI al desarrollar su actividad en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa y que, por tanto, se consideraban afectos a la defensa nacional. Un argumento que había conseguido frenar en seco las tentativas municipales que se habían llevado a cabo para cobrar este impuesto, como ocurrió en 2012 con una resolución del Tribunal Supremo que puso fin a un proceso de varios años promovido con esta finalidad desde el Consistorio isleño.

La situación, sin embargo, ha cambiado desde 2015 al convertirse Navantia en concesionaria de los terrenos. Así lo entiende el Ayuntamiento y así lo han puesto de manifiesto varias sentencias judiciales firmes que le dan la razón, según ha confirmado el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez.

El cobro de cada una de las cuotas semestrales del IBI se está recurriendo por la vía judicial, procesos que el Ayuntamiento ha llevado con absoluta discreción. Y hasta el momento –explica– todas las sentencias que se han dictado salvo una que se ha conocido en el pasado mes de junio han sido favorables.

Eso sí, por ahora el Consistorio no ha recibido ni un solo euro de los astilleros públicos por este concepto, aunque a la vista de la dinámica del proceso y de los precedentes judiciales que en este sentido ha marcado El Ferrol –en similar situación a La Isla– se muestra muy optimista al respecto.

En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento isleño se dio cuenta hace varias semanas de la última sentencia del TSJA en este sentido, que en esta ocasión es desfavorable para el Consistorio al desestimar el recurso de apelación que había presentado. Se refiere, concretamente, al pago del primer semestre de 2017.

Según Conrado Rodríguez, este revés judicial se contradice con sentencias anteriores del propio TSJA que sí dan la razón al Ayuntamiento isleño al querer cobrar el IBI a Navantia. El recurso –explica– se ha desestimado más bien por razones de forma sin llegar a entrar en el fondo de la cuestión.

"No entra a analizar la improcedencia de la exención de dicho impuesto cuando el contribuyente, el sujeto pasivo del impuesto, tiene la condición de concesionario como vienen planteando los servicios jurídicos de la Corporación, siendo de resaltar que la propia sala sentenciadora, en fecha reciente, ha estimado dicha tesis", se subraya en el acta de la Junta de Gobierno Local.

De ahí que con fecha de 4 de junio, desde el Ayuntamiento se haya solicitado al TSJA que se pronuncie sobre estos aspectos en concreto como complemento de la sentencia al considerar que no se ha dado respuesta en la resolución judicial.

Navantia ocupa en San Fernando una superficie de 291.939 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 135.714 metros cuadrados por los que hasta ahora no paga IBI. En 2012, fecha en la que el Tribunal Supremo frenó la tentativa municipal de cobrar este impuesto a la empresa pública, el Ayuntamiento isleño hablaba de una cuota anual de 187.159,34 euros.