La investigación policial advierte de la dificultad que entraña seguir el rastro del dinero. En el informe se acredita que la familia marroquí gastó hasta 2,4 millones de euros entre 2004 y 2009. El desfalco perpetrado en el área municipal de Hacienda, sin embargo, se ha cifrado en 7,8 millones de euros tanto por el Ayuntamiento como por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La Policía, igualmente, hace constar en su investigación el escaso margen de maniobra que ha tenido para investigar a los presuntos autores de los hechos debido a la gestión de la denuncia inicial que hicieron las autoridades municipales, que llevó a la detención inminente de los dos sospechosos. Es decir, que la actuación del Ayuntamiento -según la investigación- impidió que los hechos se investigaran mientras se estaban produciendo, lo que hubiera permitido establecer el curso del dinero efectivo, el itinerario que seguía la ingente cantidad de dinero que a diario salía del Ayuntamiento o, incluso, hubiese facilitado su recuperación.

Es decir, que el Ayuntamiento, al hacer público el desfalco, impidió que se desarrollaran investigaciones que podrían haber aportado pruebas determinantes.

La investigación policial está ahora en manos de un perito judicial, que tendrá que confirmar los datos objeto de la investigación para que tengan validez como pruebas. El proceso se encuentra aún en su fase de instrucción y se desconoce todavía la fecha en la que se celebrará el juicio. Recientemente se ha conocido que sí ha comenzado el proceso contable que el Tribunal de Cuentas desarrolla de manera paralela a la vía penal.