El Ayuntamiento isleño ha ratificado la propuesta de liquidación presentada hace un año por la Cámara de Cuentas de Andalucía al incluir en la demanda que ha interpuesto en el proceso contable -y que formalizó en la mañana de ayer- a los dos ex alcaldes andalucistas que gobernaron durante los años en los que se produjo el alcance millonario detectado en la caja municipal: Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo.

Ambos figuran en la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas como responsables subsidiarios e indirectos en su calidad de "ordenadores de pagos". Es decir, atendiendo al grado de responsabilidad administrativa que ejercieron durante el periodo en el que se produjo el quebranto. O dicho de manera coloquial, porque eran los que, como alcaldes, firmaban y autorizaban con su firma. Estaban en lo más alto de la escala administrativa. 

El actual regidor isleño, José Loaiza, que ayer desveló los pormenores de la demanda presentada ante Tribunal de Cuentas, insistió en que esta responsabilidad subsidiaria  "no prejuzga ni en un sentido ni en otro la culpabilidad", cuestión ésta que tendrá que dirimirse en el proceso penal, pero no en el Tribunal de Cuentas. "Se trata de un proceso administrativo", recalcó. No se pretende aquí discernir quién o quiénes son los culpables de la desaparición del dinero, sino su restitución. Es un proceso de reintegro por alcance, que es el nombre que le da el Tribunal de Cuentas.

Junto a los dos ex regidores, entre los responsables subsidiarios figuran también la tesorera del Ayuntamiento, María de las Virtudes Gómez Montero; el interventor actual (que también fue anteriormente el tesorero), José Antonio López Fernández; y su antecesor en el cargo, ya jubilado, Rafael Monzón Ristori.

Se trata -puntualizó Loaiza- "de aquellos técnicos que, aún sin tener ninguna responsabilidad penal en la desaparición del dinero, sí pudieran incurrir en responsabilidad patrimonial a la vista de la existencia de fallos de los mecanismos de control de la caja, tal y como determinan los informes de la investigación".

El regidor isleño precisó: se habla de fallos en la caja (ya inexistente), donde se manejaba el dinero metálico, no de la existencia de fallos en el área de Hacienda o en la Delegación. Es una cuestión que quiso dejar clara.

Además, y en razón a su actuación y comportamiento (fueron los que denunciaron los hechos ante la Policía), la demanda municipal pide responsabilidades indirectas o subsidiarias atenuadas y proporcionadas "tanto al tiempo como a la función administrativas encomendadas a cada uno de ellos".

Así, a Rafael Monzón Ristori (el antiguo interventor) le solicita  61.525,86 euros; a José Antonio López (el actual), 105.847,05 euros; a María de las Virtudes Gómez Montero (la tesorera), 39.392,86 euros; y a los dos ex alcaldes, Manuel de Bernardo y Antonio Moreno, 39.000 euros a cada uno de ellos.

Son las cantidades que tendrían que afrontar -llegado el caso- si los responsables directos, los dos funcionarios imputados también en el proceso penal, Clemente Ruiz y María José Lebrero, "no pudieran hacer frente a la exigencia de devolver el dinero".

Porque sobre este aspecto no guarda dudas el Ayuntamiento en su demanda, que ratifica también en este sentido la propuesta de liquidación que en julio de 2011 dio a conocer la Cámara de Cuentas de Andalucía: los dos cajeros municipales imputados son los responsables directos del quebranto.

"Esto quiere decir que tanto a Clemente García como a María José Lebrero, dada su supuesta responsabilidad directa y completa, se les obliga a responder de la cantidad sustraída de las arcas municipales, ya sea de manera individual o mancomunada",  apuntó Loaiza.

Es decir, a ambos funcionarios, como responsables de la caja y dadas las funciones que expresamente tenían atribuidas en la RPT del Ayuntamiento, se les pide la restitución de los 7,8 millones de euros desaparecidos más los intereses correspondientes. En total, los 9,4 millones de los que hace un año hablaba la Cámara de Cuentas. "Este Ayuntamiento ha presentado una demanda contra ambos cajeros ya que a la vista de todo lo actuado deben ser considerados responsables directos del citado quebranto y se estima, por tanto, que deben reintegrar a su origen la cantidad sustraída", insistió el alcalde isleño.

"Hemos actuado con cautela, sin dar pasos en falso y acorde los dictámenes de la Ley", dijo ayer Loaiza, que se aferro a la objetividad de los criterios técnicos de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Cádiz, a los que el Ayuntamiento había derivado la defensa tras la renuncia del letrado municipal hace unos meses. En todo momento ha sido el criterio de estos abogados -afirmó el regidor- el que ha marcado la pauta: "Han actuado en total libertad, atendiendo a las circunstancias objetivas".

"Estamos defendiendo a toda costa los derechos generales de toda la ciudadanía, que es la primera agraviada en este lamentable suceso", apuntó. "Ese era nuestro compromiso cuando accedimos al Gobierno de San Fernando y, como puede comprobarse, estamos poniendo todo nuestro empeño en ello, sin reserva alguna", apuntó.

Antes de dar a conocer el contenido de la demanda, a media tarde, Loaiza convocó una junta de portavoces extraordinaria para dar cuenta de todos estos argumentos a la oposición. Se había comprometido -como recordó- a mantener informados a todos los grupos.

La demanda del Ayuntamiento se ha visto como un paso clave dentro del doble proceso (contable y penal) que rodea al robo de la caja en tanto que el Consistorio, como parte agraviada, tenía que concretar a quiénes pide responsabilidades contables, tanto directas como indirectas. En este sentido, los servicios jurídicos de Diputación no han hecho sino rubricar el planteamiento de la Cámara de Cuentas.

Tres años y medio después, el robo sigue presente en la política

Casi tres años y medio han pasado desde que se destapó el robo de la caja municipal, un asunto que ha convulsionado la vida política de La Isla y que todavía promete dar mucho que hablar. De hecho, el Tribunal de Cuentas acaba de iniciar el proceso contable por el alcance millonario. Y la vía penal aún está en su fase de instrucción. Pero en política, el desfalco ha dejado huella. El fracaso electoral del Partido Andalucista en las pasadas elecciones municipales -que de tener ocho concejales pasó a tres- se debió en gran medida al robo de la caja. Desde la oposición, el PSOE insistió en pedir dimisiones y responsabilidades políticas por la desaparición del dinero. Y, al dar el Tribunal de Cuentas los primeros pasos en el proceso contable, denunció la toma de decisiones del Gobierno municipal "a la sombra" del ex alcalde Manuel María de Bernardo, todavía presente en el Gobierno municipal (aunque en un segundo plano). Sospechaban los socialistas que Loaiza excluiría a los ex alcaldes porque, de no hacerlo, podría poner en peligro el pacto y, por consiguiente, la mayoría de votos que permite la estabilidad del Gobierno que lideran los populares en San Fernando. Sin embargo, el Ayuntamiento ha incluido finalmente a De Bernardo como responsable subsidiario en la demanda.

Dos vías en torno al desfalco: la contable y la penal

Loaiza quiso ayer que quedara bien clara la diferencia existente en el doble proceso abierto en torno al robo de la caja. Por un lado, la vía penal, que actualmente sigue pendiente de que concluya su fase de instrucción y de que se validen los informes periciales solicitados. Y, por otro, el proceso administrativo que el Tribunal de Cuentas (una vez completada la instrucción correspondiente, que se encargó a la Cámara de Cuentas de Andalucía) inició a principios de este año y que ha llevado ahora al Ayuntamiento a presentar la correspondiente demanda.