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Un 80% de los contratos bonificados a víctimas de violencia machista son temporales

  • CCOO presenta un informe sobre la situación sociolaboral de estas mujeres en la semana del 25N

La precariedad generalizada del mercado de trabajo incide especialmente en las víctimas de violencia machista.

La precariedad generalizada del mercado de trabajo incide especialmente en las víctimas de violencia machista. / Juan Ayala

Desde 2003, año en el que comenzó a elaborarse una estadística la respecto, la provincia gaditana ha registrado la muerte de 20 mujeres víctimas de violencia de género. De hecho, el informe presentado ayer en la sede de CCOO en Cádiz señalaba 19 víctimas mortales, pero hay una más:  “María Isabel, una mujer de 37 años de San Roque, fue asesinada hace menos de dos semanas”, recordaba la Secretaria General de Comisiones en la provincia, Inmaculada Ortega.

Estas mujeres representan en total el 8,5% del total de mujeres víctimas de la violencia machista en Andalucía, comunidad que lleva arrojando desde hace años (desde 2014 a 2020) el mayor número de víctimas mortales por esta causa. De hecho, una de cada seis mujeres asesinadas en España por esta tipificación desde 2003 era andaluza. Cataluña registra este año ocho víctimas mortales, mientras que Andalucia y Madrid cuentan a siete fallecidas. Aun así, la cifra andaluza supone un descenso respecto a los dos años anteriores, cuando las mujeres asesinadas superaron la decena. 

“Los datos –afirma Inmaculada Ortega– son necesarios, aunque en estos casos es muy difícil reducir a meros números, cuando sabemos que estamos hablando de asesinatos”. 

El informe Situación sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, disgregado por provincias, fue presentado en la sede de CCOO la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (que es hoy, 25 de noviembre). Una efemérides en la que el sindicato ha querido prestar especial atención, en esta ocasión, al acoso sexual en el trabajo. Tema en el que, como ocurre en muchas de las violencias acometidas contra la mujer, “sólo se ve la punta del iceberg, y en el que también tiene que ver el sexo, que es otro gran tabú”, apuntaba Ortega. Por ello, insistió, desde CCOO ven esencial “introducir y fortalecer protocolos de actuación frente al acoso por razón de sexo en las empresas”.

“Muchas de las bajas que recibimos, de hecho, se deben a casos de acoso en el trabajo, lo que ocurre es que cursan como depresión, etc –señalaba al respecto Patricia Laguna, portavoz de la Secretaría de la Mujer de CCOO a nivel andaluz–. Además, en los temas de acoso, la comisión de investigadores depende de los departamentos de Recursos Humanos: nosotros reclamamos que también esté presente, en todo el desarrollo, la representación sindical". Y luego está la cuestión de la opción de cambio de centro de trabajo, algo que es posible en empresas grandes, "pero el tejido empresarial andaluz está compuesto principalmente de firmas pequeñas y medianas”.

Para el sindicato, es esencial introducir protocolos respecto al acoso sexual en las empresas

La maternidad sigue siendo otro punto importante, según los datos recogidos en la Memoria del Servicio de Defensa Legal para las Mujeres, en casos de discriminación por sexo, con un 71% de expedientes incoados por discriminaciones sufridas por esta causa –un 43% de estas demandas relacionadas directamente con la conciliación de la vida familiar y laboral–.

Laguna recordó, además, que ante un caso de violencia de género, la mujer cuenta con diversas opciones a nivel laboral: entre ellas, reordenación y/o reducción de la jornada, cambio de centro de trabajo, adaptación del horario o suspensión del contrato con una duración inicial no superior a seis meses. “Sin embargo –continuó Laguna–, la existencia de estos derechos no es siempre conocida por las mujeres víctimas de violencia o incluso por las empresas, lo que dificulta el acceso o permanencia de las mujeres víctimas de violencia en un puesto de trabajo”.

A más colmo, la inestabilidad estructural en la que anda sumido el mercado laboral, reforzada por el escenario de pandemia, tampoco ha ayudado a una parte esencial de la erradicación de la violencia machista: la autonomía.

“Lejos de comprometerse –apunta al respecto Inmaculada Ortega–, las empresas utilizan la misma fórmula que para el resto de las mujeres, ofreciendo empleos precarios a unas personas que van a tener muy difícil salir de la violencia ante tal situación de incertidumbre laboral. Los pocos contratos que se dan son temporales y de baja remuneración”.

En 2019, los contratos bonificados para mujeres maltratadas disminuyeron en un 3,5% en Andalucia

De hecho, el porcentaje de contratos bonificados a jornada completa a mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía representa poco más del 20% del total (en la última estimación, de enero a septiembre de 2020). En 2019, los contratos bonificados disminuyeron en un 3,5%en la comunidad andaluza, en contraposición con el aumento del 3,4% registrado a nivel nacional. Más de la mitad de los perfiles que utilizan este recurso corresponden a mujeres con estudios secundarios completos.

Para Inmaculada Ortega, se hace necesaria una mayor vinculación de la administración autonómica en sus políticas respecto a la violencia machista: 6.279 mujeres han recibido, “en un año tan excepcional como el que estamos viviendo”, la Renta Activa de Inserción (RAI), la cifra más baja desde 2009; mientras que, desde 2015, las ayudas para cambio de residencia no dejan de descender, hasta situarse en 320.

Entre otros porcentajes inquietantes, se encuentra el alto número de mujeres muertas por violencia machista que no había denunciado a su agresor (62,9%), así como la cantidad de denuncias procedentes de atestados policiales (72% del total en 2021) o el incremento de denuncias en 2020 (un 11,6% a nivel andaluz). Respecto a las órdenes de protección emitidas, Cádiz ocupa uno de los primeros lugares a nivel autonómico, mientras que el número de llamadas realizadas al 016 se incrementó en la provincia en un 21,2% en 2020.

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