La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acaba de publicar el informe El derecho a la Educación en tiempos de crisis en el que alerta de un claro deterioro de la Escuela Pública en favor de la educación Concertada, una realidad que tiene su reflejo en Cádiz. Así, entre otros datos recabados por la organización, nuestra provincia vuelve a perder plazas en Infantil y Primaria puesto que este curso se cuenta con 492 unidades de infantil de 3 años, en vez de las 503 del curso pasado. Esto corresponde a 11 unidades menos, 10 perdidas en centros públicos y 1 en la concertada.

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria, por primera vez sufre los efectos de la bajada de la natalidad, cifrándose en 5.163 estudiantes menos en la provincia de Cádiz. Con todo, el progresivo descenso de número de nacimientos en los últimos años y la despoblación de nuestra tierra, ya que los jóvenes buscan oportunidades laborales en otros territorios, no son la principal causa, a juicio de la APDHA, del desmantelamiento de la educación pública.

"Según la Consejería de Educación, la causa es achacable al descenso de la natalidad, descenso que sin embargo, solo parece afectar a los centros públicos, pues el número de grupos en los centros privados concertados mantiene su oferta blindada desde hace años", aseguran denunciando "la política de una Junta de Andalucía que sigue ampliando conciertos con la educación privada".

En este sentido, es especialmente llamativo es el caso de Cádiz capital donde el porcentaje de concertada es superior al de la oferta pública. Al cierre del plazo de solicitudes tras el periodo escolarización, se han matriculado 637 niños y niñas (664 el curso pasado) en los 28 colegios de la ciudad, 15 públicos (205) y 13 concertados (432), copando los primeros el 32% de las solicitudes y el 68% los segundos.

De hecho, se  denuncia en el documento, con datos del sindicato Ustea, cierta "estrategia" utilizada por la Consejería de Educación: "Cuando comienza el periodo de matriculación, la Consejería de Educación oferta en los centros públicos un número de plazas siempre menor al del año anterior, insistiendo en que si es necesario por el número de matriculaciones, se plantearán una ampliación de la oferta. El efecto es que muchas familias, temiendo que sus hijos o hijas sean desplazados a otros centros más alejados de sus domicilios o sin los servicios que necesitan, opten por otro centro donde haya un mayor número de plazas, a veces privado concertado".

También se acentúa otro preocupante comportamiento del ente público que no recupera las líneas eliminadas cuando sube la demanda. Así, una línea se suprime cuando número de matrículas es inferior a 25 alumnos pero si al año siguiente esas solicitudes suben no se apuesta por ganar esa línea perdida. "Una situación que en un centro concertado no se produce ya que los conciertos se conceden por cuatro años y el descenso de matrícula no afecta al número de unidades escolares concertadas", trazan la comparación desde la APDHA.

Así, en este documento también se apunta a que tras "lo que la Junta de Andalucía llama el principio de libertad de elección de las familias se esconde el uso de dinero público para la consolidación y ampliación de la escuela concertada, siguiendo un modelo similar al de la Comunidad de Madrid". Un hecho que también tiene un perjuicio para el alumnado de la concertada donde, aseguran, "prácticamente no existe alumnado de otras culturas, etnias o religiones, con el empobrecimiento intercultural que esto implica".

Brecha digital

La pandemia y el consecuente confinamiento y medidas de seguridad sanitaria han dejado también al descubierto la brecha digital que existe en nuestra sociedad y que se ahonda, aún más, en los hogares menos favorecidos. En Andalucía -en los últimos tres meses según datos publicados por el INE- el 5,8% de los niños entre 6 y 15 años viven en hogares que no disponen de los medios necesarios para asistir a clases o actividades impartidas por internet. Un dato por encima de la media nacional que se sitúa en el 4,5%. Es más, el 5,5% de familias de nuestra Comunidad no disponen de conexión a internet en sus viviendas.

"En la sociedad actual, no disponer de ordenador, de conexión wifi o no saber utilizar las nuevas tecnologías, afecta a la hora de encontrar un trabajo, solicitar ayudas o realizar gestiones con las Administraciones. Afecta además a la hora de ejercer derechos básicos como la educación y la sanidad, entre otros. En la nueva sociedad de la información quienes carecen de los medios o las habilidades digitales necesarias están llamados a integrar un nuevo colectivo de marginalidad y exclusión social", se alerta en el informe de la APDHA 

De esta forma, según datos publicados en abril de 2020 por la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos (FLAMPA), los propios centros educativos y el Ayuntamiento de Cádiz, seríannecesarios para salvar esta brecha digital sólo en la capital 250 dispositivos electrónicos (ordenadores personales o tablet), 150 conexiones a internet para el alumnado de Primaria; y 209 dispositivos y 137 conexiones para el de Secundaria. Lo que hace una suma de 459 dispositivos y 287 conexiones para el alumnado de la ciudad. Estos datos han sido comunicados a la Federación Andaluza de municipios y provincias, para reclamar las dotaciones a la Junta de Andalucía.

Pobreza infantil, paro y fracaso escolar

El derecho a la Educación en tiempos de crisis de este año también recuerda que la pobreza infantil es muy visible en las aulas. "Hay una relación directa entre paro, pobreza infantil, fracaso escolar y exclusión social", confirman haciendo hincapié en que la población en riesgo de pobreza o exclusión social se ha llegado a situar ya en España en el 22%, en Andalucía en el 32,3% -según datos de modos de vida del INE 2022-, en la provincia de Cádiz en el 37,9% y en Cádiz capital en el 35,7% -datos del informe presentado por AIS Group-.

Y aunque no hay datos provinciales, en el informe se señala que en nuestro país el 33,8% de la población que ha alcanzado un nivel educativo inferior o equivalente a educación Secundaria Obligatoria, estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018.

Las consecuencias de la pobreza en los niños son innumerables pero por citar tres se destacan que es un obstáculo para el aprendizaje, cronifica la pobreza (según la OCDE, el 80% de los niños que viven en situación de pobreza serán adultos pobres en el futuro) y conlleva una mala salud y un retraso en el desarrollo.

Así, no se puede pasar por alto las altas tasas de paro en nuestra provincia que, por citar sólo a los municipios de la Bahía, ascienden a un 24,09% en El Puerto, un 24,45% en Cádiz capital; un 24,71% en Chiclana; un 25,44% en San Fernando y un 26,08% en Puerto Real.

Escolarización de 0 a 3 años

La escolarización 0-3 años garantiza la igualdad de oportunidades para los niños pero también esencial para el conjunto de las familias ya que permite el pleno desarrollo personal y laboral de la mujer o de las personas cuidadoras de la unidad familiar. Por ello, en el informe de la APDHA se escandalizan de que, según fuentes del Ministerio de Educación, "Andalucía haya sido la única comunidad autónoma que ha rechazadorecibir los fondos que le correspondían (123 millones) del plan aprobado por el Consejo de Ministros para crear 12.000 nuevas plazas públicas de calidad y gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años".

La ratio

El documento recomienda que aprovechando la innegable bajada de natalidad que afecta a la educación Infantil y Primaria, y que comienza a notarse en la Secundaria, sería el momento idóneo para cambiar las políticas de educación y apostar por una menor ratio en las aulas, en vez de por el cierre de líneas.

Así, se recuerda que el pasado 11 de agosto una veintena de organizaciones sindicales promovieron una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Andalucía, que fue admitida a trámite, donde se proponía bajar la ratio a 20 alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria; 25 en Educación Secundaria Obligatoria, y 30 en Bachillerato. 

Actualmente, la ratio máxima es de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, "pero aprovechando el incremento que permite la ley de hasta un 10% del número máximo dealumnos por unidad escolar", argumentan desde la APDHA, "se están generalizando en Andalucía" ratios de 28 alumnos en educación infantil y primaria, 33 en educación secundaria obligatoria y 38 en bachillerato.

Monitores y profesorado de apoyo

Además de otros temas como el sistema de becas, la formación profesional y la necesaria adaptación energética de los centros educativos, en el informe de la APDHA se trata la situación de los monitores y profesorado de apoyo en los colegios públicos.

Así, en los centros andaluces hay un total de 1.644 monitoras y monitores escolares (244 en Cádiz), de los cuales 589 están contratados de manera parcial a 20 horas semanales "aunque realizan el mismo trabajo que las que tienen jornada completa sin cobrar el total de horas trabajadas", se asevera.

"Por esta razón el colectivo de monitoras escolares viene reclamando desde el anterior Gobierno y durante toda la legislatura, la jornada completa para poner fin a esta situación. Además, es imposible atender la totalidad de las necesidades diarias del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) con contratos a tiempo parcial, no siendo este tipo de alumnado atendido en unas condiciones de integración real y digna. Actualmente no se llegan a cubrir ni el 10% de las horas de atención necesarias", alertan.