La investigación judicial abierta por el gravísimo incendio que asoló nada menos que 244 hectáreas de arbolado en la Sierra del Retín en junio de 2005, el que mayor daño medioambiental ocasionó en Cádiz en ese ejercicio, ha sido cerrada sin culpables.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Barbate decretó el archivo del asunto al no poder demostrarse que el uso de balas trazadoras, una munición prohibida, por parte de un teniente, fue la causa que originó el mayor desastre medioambiental en la provincia durante 2005.

Fue curiosamente el propio Ministerio de Defensa el que atribuyó en primera instancia a la negligencia de un militar del Tercio de la Armada (TEAR) de Infantería de Marina, con base en San Fernando, el origen del fuego. Este militar, con graduación de teniente, según la versión que el propio Ministerio aportó en su día, había empleado en unas prácticas de tiro en el campo de adiestramiento emplazado en la Sierra barbateña munición no autorizada, balas trazadoras que se inflaman al contacto con el aire, y que están prohibidas en el Retín durante el verano precisamente para evitar el riesgo de incendio. Por ello, este militar había sido arrestado.

Defensa tardó luego cerca de dos años en atender los dos requerimientos que le tuvieron que realizar desde el Juzgado para que enviara documentación para poder realizar la investigación. Finalmente, según explicaron ayer a este diario fuentes judiciales, el Ministerio envió dos informes, al que se le sumó un tercero, elaborado por los Bomberos, pero en ninguno de los tres determinaba exactamente cuál había sido la causa del incendio, barajando otras posibilidades, como que al disparar una bala sí permitida hubiera explosionado otra bala de un ejercicio anterior que no hubiera deflagrado. De ahí que se optara por archivar el asunto, al no poder requerir responsabilidades penales a nadie al no haber una causa oficial del incendio.

Por el Juzgado desfilaron en calidad de imputados desde el teniente arrestado hasta el responsable del batallón y del puesto, pero todos negaron que se hubiera empleado en el campo de tiro la munición prohibida.

Caso de haberse demostrado la autoría del siniestro en la línea de lo manifestado en primera instancia por Defensa, el militar arrestado habría podido ser imputado de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, pudiendo enfrentarse a una pena entre dos años y medio y cinco de prisión.