Los representantes de los sindicatos policiales en la provincia de Cádiz dijeron ayer basta. Un grito de impotencia pero que esperan sea capaz de remover las conciencias de los que mandan, más preocupados estos días por mociones de censura que por otros problemas gravísimos que sufre la frontera sur de Europa. Porque a la eterna lucha contra el narcotráfico hay que sumar ahora la llegada masiva de migrantes a nuestras costas. La ya habitual oleada de subsaharianos se ha adelantado este año y cada día son cientos los que alcanzan las playas gaditanas, en un reguero dramático que arroja una legión de historias tristes que suponen un reto colosal a un Cuerpo Nacional de Policía con multitud de carencias, tanto en efectivos como en instalaciones.

La lucha, además de titánica, es inútil. El caos se ha apoderado del sistema, de una Ley de Extranjería que se antoja obsoleta y que ve como 72 horas después de ser detenidos los inmigrantes tienen que ser puestos en libertad, dejados a su suerte en medio de ciudades como Algeciras, Tarifa, Jerez o El Puerto de Santa María, cuyas autoridades municipales empiezan a alzar la voz para quejarse por los incumplimientos en los protocolos.

Los agentes que realizan los traslados tardan hasta seis meses en cobrar las dietas

Los representantes sindicales con los que este diario habló a lo largo del día de ayer fueron tajantes. "Esto es un caos absoluto. La situación requiere la implicación de muchos funcionarios, para la custodia, para los traslados, para su atención", dicen desde la Unión Federal de Policía (UFP).

El caso es que desde el mismo momento en que se les aborda, a los migrantes se les considera detenidos. A partir de ahí la Policía Nacional debe repartirlos por los calabozos de las comisarías de toda la provincia, y desde allí a los juzgados, donde los jueces decretan su puesta en libertad o el paso a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero la avalancha es tal que estos no pueden acogerlos. Por ejemplo el de Algeciras tiene apenas 30 plazas, y el de Tarifa, 60, pese a lo cual en estos días había hasta 140 subsaharianos en este, según comentan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Desde UFP se asegura que se está provocando un grave problema que está repercutiendo en toda la provincia, porque "cada vez que se reclama a gente de Seguridad Ciudadana, de la UPR, se les está quitando de otros asuntos que también tienen su importancia".

Para realizar las repatriaciones por ejemplo, si se va a llevar a medio centenar de migrantes pues deben vigilarlos "entre 25 y 30 agentes policiales. No estamos hablando de gente mala, pero hay unos protocolos que hay que cumplir. Y esto obliga a estar haciendo verdaderos malabarismos para cuadrar los turnos. Lo malo es que esto acaba de empezar".

Desde el sindicato se preguntan si no sería conveniente "crear un grupo concreto que se dedique al problema de la inmigración. No sé si reforzando las plantillas durante estos meses con funcionarios de otros lugares, o aumentando las contrataciones, pero lo que está claro es que la carencia de medios y de personas convierte este drama en algo todavía más complicado de asumir".

Es más, según han comentado fuentes policiales a este diario, hay retrasos de hasta seis meses en el pago de las dietas de los agentes que se encargan de las devoluciones y que tras largas jornadas laborales se ven obligados a comer fuera de sus hogares. Estas facturas se les adeudan desde hace medio año y todavía no saben cuándo las cobrarán.

Desde el SUP califican la situación de "caótica" y aseguran que "estamos desbordados". "A muchos compañeros los están llamando estando libres, privándolos de estar con sus familias y viviendo unas situaciones muy estresante porque estas personas traen unos traumas terribles que afectan a la salud de los policías. Muchos de ellos les llevan hasta comida y ropa para ayudarlos". El SUP considera que "hay que tomar medidas urgentes igual que se está haciendo con el narcotráfico". Y aporta una clave. "Si en los países desde donde salen las pateras no hay control esto no hay forma de pararlo".

Por último, desde el sindicato APS se indica que "la puesta en libertad muchas veces es por la falta de personal que realice los traslados, y por la falta de recursos económicos y materiales. Esto deriva en la necesidad de dejarlos en libertad para así no vulnerar sus derechos. El problema de los migrantes en mucho más profundo de lo que parece", aseguran.