Provincia de Cádiz

El Colegio de Administradores de Fincas alertó sobre la detenida

  • Desde 2006, el Colegio certificó varias veces que la ahora sospechosa de apropiarse de fondos no estaba colegiada

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz emitió desde 2006 más de siete certificaciones de que la vecina de San Fernando que ha sido detenida por apropiarse de fondos de varias comunidades de propietarios carece de titulación como administradora de fincas y no está colegiada. El Colegio alertó así sobre una actividad que se estaba realizando al margen de las garantías que ofrece la que desempeña un profesional colegiado.

Según informó la Policía anteayer en un comunicado, la mujer, de 45 años de edad, supuestamente presentaba en las reuniones con los vecinos datos falsos de las cuentas y llegaba incluso a perjudicar a las comunidades como morosos al no hacer frente a los pagos de mantenimiento de los ascensores.

La Comisaría de San Fernando recibió la denuncia del presidente de una comunidad de vecinos de ese municipio que informaba de que habían detectado anomalías en la cuenta de comunidad de propietarios, cuya cuenta era gestionada por una gestora de comunidades, la cual se habría quedado con 1.100 euros. Las investigaciones llevaron a la mujer arrestada.

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz recordó ayer que mantiene convenios con asociaciones de consumidores y que estas recomiendan a las comunidades de propietarios que contraten a profesionales colegiados.

Los administradores de fincas colegiados disponen de un carné que lo acredita, por lo que las comunidades de vecinos pueden comprobar si el profesional con el que van trabajar pertenece al Colegio.

Además de la formación acreditada, una de las ventajas que ofrece un profesional colegiado es que cuenta con hasta 1,8 millones de euros de garantía financiera para afrontar una posible responsabilidad civil.

La cuantía de lo supuestamente apropiado hasta la fecha por la detenida en San Fernando, pendiente de las auditorías y revisión de los presidentes de comunidades de las cuentas, puede ascender a más de 72.000 euros. La Policía detectó el mismo modus operandi en más de 20 comunidades de propietarios de San Fernando y en dos de Chiclana.

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