Provincia de Cádiz

Condenado el vendedor de una casa a pesar de que el fiscal no lo veía como una estafa

  • La sentencia estima probado que el acusado engañó a los compradores de la vivienda

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa al vendedor de una vivienda construida ilegalmente en Chiclana porque considera probado que engañó a los compradores: que les hizo creer que representaba a los legítimos propietarios de la casa y que les ocultó que la vivienda se encontraba en una situación irregular y que sobre ella pesaba un expediente de disciplina urbanística. La resolución condena también al procesado a indemnizar a los compradores con los 19.300 euros que le entregaron como señal más los intereses.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Estrella, presidente de la Audiencia, viene a dar la razón en parte a la acusación particular, representada por la abogada Isabel Acedo Acedo y ejercida por los compradores de la vivienda, un matrimonio inglés que no consiguió que el procesado les devolviese el dinero. El fiscal no presentó acusación en este asunto. Y en el juicio no modificó su posición. No es un caso para la vía penal sino para la civil, adujo.

La acusación particular solicitó seis años de prisión por estafa. La Audiencia impone dos años al procesado (la pena mínima) y absuelve a su esposa, que también se sentó en el banquillo. La resolución no es firme. Cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

La venta frustrada de la vivienda se produjo en septiembre de 2005. La sentencia explica que el procesado, M.C.G., titular de una inmobiliaria en Conil, concertó con una pareja inglesa la compraventa de la casa, ubicada en el Pago de las Maravillas. La vivienda, señala el tribunal, era ilegal y eso lo sabía el procesado, que se lo ocultó a los compradores. Además, agrega, aparentó ante ellos que representaba a los propietarios de la casa pese a que carecía de autorización para la venta.

Los compradores transfirieron 19.300 euros a la cuenta que les indicó el procesado en concepto de señal. La sentencia relata que luego, ante la imposibilidad de cumplir lo pactado, el acusado se negó a devolver el dinero pese a que se lo requirieron repetidamente.

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