Coronavirus Cádiz "El papel del abogado será clave para la recuperación económica"

  • El Colegio de Abogados de Cádiz alerta de que el Covid-19 puede originar una crisis del sistema judicial "por falta de medios"

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz.

Pascual Valiente, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. / Jesús Marín

El Colegio de Abogados de Cádiz alerta de que el Covid-19 puede originar una crisis del sistema judicial por falta de medios, se opone a la habilitación procesal de agosto por ser una medida ineficaz y contraproducente y vaticina que los abogados serán una pieza clave en las negociaciones para la recuperación económica.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de Cádiz ha mostrado su posición ante el impacto del coronavirus en la Administración de Justicia. "Desde el ICA de Cádiz queremos denunciar que la declaración del estado de alarma ha supuesto en la práctica una paralización casi total del sistema judicial español (salvo las denominadas actuaciones esenciales y urgentes), lo que ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios tecnológicos con los que se podría haber afrontado la crisis y, por ende, el colapso judicial que se avecina.

Para el ente colegial, se ha demostrado la desigualdad de medios de la Administración de Justicia como servicio público respecto de otras administraciones como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Según explica el colegio en el comunicado, "la situación se ha agravado porque los jueces, fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios no han contado con los medios necesarios que les hubieran permitido trabajar mediante conexiones en remoto con los sistemas informáticos judiciales para continuar con la actividad de los tribunales". De haberse dispuesto de estos medios, "se hubiese mantenido una cierta normalidad en la actividad judicial, muy necesaria en una provincia como la de Cádiz, en la que tenemos partidos judiciales y órganos jurisdiccionales con retrasos gravísimos en la tramitación de procedimientos, con señalamientos judiciales a años vista y soportando cargas de trabajo muy superiores a los ratios recomendados por el Consejo General del Poder Judicial".

De otra parte, denuncia ICA, la paralización del sistema de comunicaciones telemáticas LexNet hasta el 15 de abril, tanto para la presentación de escritos como para la notificación de resoluciones, ha agravado todavía más la situación, limitando la capacidad de trabajo a los abogados y procuradores.

Reformas procesales

Según el ICA de Cádiz, la crisis sociosanitaria provocará otra crisis del sistema judicial que requerirá de la adopción de medidas organizativas y reformas procesales, "para lo cual resulta imprescindible contar con la Abogacía como interlocutor entre los ciudadanos y la Administración de Justicia".

El Consejo de Ministros del día 28 de abril aprobó un Real Decreto-Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. "Este Real Decreto resulta insuficiente si no va acompañado de las necesarias inversiones en medios tecnológicos y del refuerzo de plantillas, pues difícilmente se va a superar la situación con los medios materiales y humanos actuales si previamente a la irrupción del Covid-19 se había demostrado su insuficiencia. La lentitud del sistema judicial español no es una cuestión puntual de la crisis sociosanitaria, sino un mal endémico de la Administración de Justicia que ahora tenemos la oportunidad de reparar", afirman los abogados.

"Desde el Colegio de Abogados de Cádiz valoramos y apoyamos positivamente cualquier medida destinada a la agilización de los procedimientos siempre que no limiten el acceso a la tutela judicial efectiva, se salvaguarden todas las posibilidades procesales que derivan del ejercicio del derecho de defensa y se respete el necesario papel del abogado para el cumplimiento de la función de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos", expone el comunicado.

Agosto hábil y otras medidas

Entre las medidas planteadas, se contempla la habilitación procesal del mes de agosto, una propuesta que la Abogacía rechaza frontalmente por considerarla totalmente contraproducente por dos razones: "En primer lugar, por su falta de efectividad, porque dará lugar a numerosas suspensiones por no haberse podido llevar a cabo las citaciones y por las incomparecencias a juicio de los justiciables, testigos, peritos... lo que supondrá un retraso adicional; y, en segundo lugar, porque las vacaciones de todo el personal judicial se extenderán a los restantes meses del año, especialmente de julio a septiembre, con lo que se ralentizará durante mucho más tiempo el ritmo de los tribunales, que es justo lo que se pretende evitar".

Se contempla también la reanudación desde el inicio del cómputo de los plazos y términos procesales suspendidos, lo que se valora muy positivamente desde el colegio gaditano por la seguridad jurídica que comporta.

El decreto regula además una serie de medidas organizativas que obedecen a criterios de seguridad sanitaria, como los turnos de trabajo de mañana y tarde, las limitaciones al acceso a los juzgados y la celebración de juicios por videoconferencia. "Aunque desde el Colegio de Abogados entendemos el sentido de esta medida,  consideramos que es absolutamente imprescindible contar con la aceptación de los abogados para que se pueda celebrar el juicio a través de este sistema, para evitar cualquier menoscabo del derecho de defensa si el abogado entiende que los intereses de su cliente se pueden ver perjudicados si no se celebra el juicio de manera presencial. La celebración de una vista por videoconferencia no puede ser una imposición adoptada sin la participación del letrado, que es quien defiende los intereses de los justiciables".

Asimismo, se baraja la tramitación preferente de los procedimientos que, en los órdenes civiles, laboral y contencioso administrativo, estén especialmente relacionados con la crisis del coronoavirus en materias tan importantes como moratorias de hipotecas, arrendamientos, recursos contra los actos administrativos que denieguen las medidas y ayudas de las Administraciones para paliar los efectos económicos del Covid-19, despidos o ERTEs. La entidad colegial aplaude esta propuesta, si bien advierte que su eficacia dependerá de que se destinen los medios materiales y humanos para su tramitación.

"El decreto recoge también importantes medidas en el orden concursal, dirigidas tanto a evitar la liquidación automática de las empresas por incumplimiento de los acuerdos de pago previstos en los convenios de acreedores como a la solicitud de concurso de acreedores por insolvencia de las empresas, estableciendo una moratoria de la obligación hasta el 31 de diciembre. Son medidas muy necesarias y que se valoran muy positivamente", aseveran desde la institución colegial de abogados gaditanos.

Finalmente, desde el Colegio de Abogados de Cádiz han querido destacar el papel que han venido desarrollando los abogados durante esta crisis, asesorando y aconsejando jurídicamente a los ciudadanos y empresas en temas tan importantes como el derecho de familia, asuntos laborales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, medidas económicas, contratos de trabajo, hipotecas, alquileres y, en general, todo lo relacionado con la incidencia de la crisis en el cumplimiento de los contratos.

 

"A partir de ahora, una vez que se normalice la actividad en la Administración de Justicia, el papel del abogado va a resultar todavía más necesario para la reactivación y recuperación económica de los ciudadanos y las empresas, no sólo para asesorar a los clientes, sino para intentar llegar a acuerdos con otros abogados y alcanzar soluciones justas que resuelvan los conflictos jurídicos de la manera más rápida posible", subraya el ICA de Cádiz.

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