A principios de agosto, tras una serie de problemas presupuestarios, se dio la aprobación definitiva a un convenio entre el Ministerio de Interior y la Diputación de Cádiz para, a lo largo de este año, realizar una serie de reformas y mejoras en 23 cuarteles de la Guardia Civil en la provincia. Las primeras actuaciones del plan serán realizadas en el cuartel de Prado del Rey. El proyecto aprobado deberá ser capaz de dar solución al estado de precariedad en el que se encuentran muchas de estas instalaciones.

Esta medida se enmarca dentro del programa anual de reformas en los cuarteles de la Benemérita. En los últimos años a la casa-cuartel de Conil se le realizó una reforma integral, y a los de San Roque y Guadiaro unas importantes obras de acondicionamiento. Hace poco, el cuartel de Olvera fue declarado en "estado de precariedad oficial" a instancias del subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, y la Diputación aprobó una inversión de 15.000 euros para obras en Prado del Rey. El acuartelamiento de La Línea fue objeto de una inversión de cuatro millones de euros que significó una rehabilitación integral del edificio. Fueron atendidos los cuatro pabellones, un total de 74 viviendas, las dependencias, así como el pintado del interior y el exterior de toda la casa cuartel.

La de Algeciras también sufrió una obra de acondicionamiento con una inversión de 5,7 millones de euros. Las reformas afectaron a las zonas abiertas al público y a los 104 pabellones de los agentes. También fueron mejorados vestuarios, zonas de garaje, estacionamientos y taquillas. Además se habilitaron accesos para las personas con dificultades físicas, y se mejoró la habitabilidad de las viviendas donde residen los agentes con sus familias. Los talleres fueron dotados de nuevos servicios para evitar riesgo y se adecuaron los calabozos a la normativa internacional.

Las dependencias de Cádiz, Villamartín, y Torreplata (Zahara de los Atunes) son de nueva construcción. Respecto a la primera, fue equipada con 88 pisos, cada uno con estacionamiento subterráneo, además de naves de servicio, galería de tiro y otras dependencias complementarias: un servicio analógico, almacén de material, aseos, y sala de control. También se incluyó una amplia zona verde con espacios para juegos infantiles y una cafetería con servicio de comedor.

No obstante, y pese a esta alta inversión económica realizada, hay otros cuarteles de la provincia cuyo estado casi ruinoso es visible incluso desde el exterior. Así lo ratifica también un informe de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al que ha tenido acceso este diario, que subraya que el estado de los acuartelamientos de la provincia "es en términos generales deficitario". "La mayoría de los edificios son de una antigüedad considerable, dejando mucho que desear en su estado de conservación. Varios casos son de extrema gravedad". Esta situación pone en tela de juicio la funcionalidad de los edificios; además en algunos de ellos, según el informe, existe "una gran cantidad de incumplimientos en cuestión de Riesgos Laborales".

En los últimos años se han producido diversos incidentes en algunos de los cuarteles, tal y como ha venido publicando este diario, que pusieron, y ponen, en peligro tanto la integridad de los agentes como las de los usuarios. En 2007, el de Tarifa sufrió una plaga de ratas. Al año siguiente, a una agente le cayó en el hombro un trozo de la cornisa del cuartel de Arcos. Algunas de las grietas que aparecieron en pavimentos, muros y tabiques alcanzaban una anchura de tres o cuatro centímetros, e incluso más, dando lugar incluso a desprendimientos de escombros de grandes dimensiones. La situación no ha mejorado pues actualmente existen problemas de deslizamiento de los cimientos de un edificio que fue construido en 1990.

Los acuartelamientos de la Sierra son los más afectados, pues todos ellos, exceptuando el de Villamartín, tienen "importantes problemas estructurales". Esto se ve agravado por la escasez de personal, ya que, a nivel provincial, según denuncia la AUGC, "no se están cubriendo las vacantes, por lo que el déficit de plantilla se ha ido incrementando sustancialmente". En el caso de la Compañía de Villamartín, en la que existe un cuartel en cada población, la mayoría de unidades no tienen más de cinco agentes y solo el centro de Arcos permanece abierto las 24 horas. El resto tan solo lo están por las mañanas, y algunos como el puesto auxiliar de Espera, en considerable deterioro, o el de Bornos, apuntalado, solo abren dos horas diarias.

La casa-cuartel de Olvera, apuntalada desde hace cuatro años, fue declarada en "estado de precariedad oficial" el pasado febrero. A pesar de ello, los trámites para certificar y mejorar los estados de los cuarteles son extremadamente largos. Al respecto, ya en 2003 este diario publicó otro informe de la AUGC en el que se denunciaba el "derrumbe del revestimiento y la parte inferior de las bovedillas que conforman el forjado de unos pasillos que sirven de acceso a las viviendas internas. Su estado supone un riesgo inminente".

En muchas ocasiones las alcaldías de la Sierra han ayudado a sufragar gastos de la Guardia Civil, abarcando desde el toner de las impresoras, pasando por el arreglo del tejado del cuartel, hasta haber llegado incluso a pagar la gasolina. También ha sucedido así con otros ayuntamientos de la Janda o la Bahía como Vejer y Chiclana.

En Vejer hace unos años se desplomó un balcón. Hoy en día el informe de la AUGC relata que este acuartelamiento, además de antiguo, tiene "importantes carencias en Riesgos Laborales pues sus vestuarios están ubicados en una zona con deficiencias en la ventilación, y carentes totalmente de luz natural". La instalación de Barbate se halla "en pésimas condiciones de conservación. Algunas de sus viviendas no cumplen los mínimos requisitos de habitabilidad". Asimismo, "tiene una oficina para el guardia de puestas que incumple flagrantemente los Riesgos de Salud Laboral al tener que estar rodeado de equipos electrónicos de toda índole". En cuanto a los vestuarios, se encuentran "totalmente inoperativos e insalubres".

En municipios de la Bahía gaditana, las instalaciones de Puerto Real, El Puerto y Rota, asentadas en localidades cuyas competencias en materia de seguridad ciudadana las posee la Policía Nacional, "las plantillas son escasas y se están utilizando en servicios de apoyo a otras unidades, como custodia de presos en consultas médicas u hospitalarias", apunta la AUGC. Chiclana por su parte tiene un importante problema de espacio, pues es uno de los puestos más grandes de España, con más de 120 agentes. Además, es un edificio antiguo con unas dependencias "obsoletas" que "incumplen de forma considerable la reglamentación de riesgos laborales". "Los vestuarios son insuficientes" y, siempre según el dossier, "los accesos para los usuarios pueden convertirse en un verdadero calvario en el caso de personas con limitaciones físicas".

El estado de las compañías fiscales de la provincia también es deficitario. Algeciras tiene carencias de personal y respecto a la de Cádiz, la AUGC denuncia que "las instalaciones son de época colonial", recalca el informe.

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