La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la denuncia del colectivo de trabajadores administrativos de colegios de Cádiz. Fue el 6 de junio cuando el colectivo denunció su situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, y lo hicieron por impagos, cesión ilegal de trabajadores, fraude de ley en los contratos, incumplimiento continuado del convenio y de los pliegos y por abandono de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y del ISE (Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos dependiente de la Consejería de Educación). Además, cabe recordar que la última nómina que cobraron fue el pasado 31 de mayo y percibieron la de abril. Y ninguna de las nóminas pagadas desde noviembre han sido pagadas en su totalidad.

Desde la organización sindical Ustea resaltan también que se está a la espera de la resolución de la investigación abierta por la inspección de trabajo desde que en diciembre este sindicato interpusiera denuncia.

El secretario de la Delegación territorial de Educación, José Ramón Benítez, comprometió una reunión con el colectivo tras la huelga que los trabajadores secundaron los días 4 y 5 de junio para buscar soluciones, "compromiso del que luego se ha desdicho negándose a recibir a los empleados", apuntan desde Ustea.

Este conflicto afecta a 91 trabajadoras de 139 centros de la provincia. Fueron contratados por la empresa STI, subcontratada por el ISE para llevar la administración de centros de Infantil y Primaria, y acabado el curso y extinguidos sus contratos siguen sin cobrar en torno a cuatro nóminas completas.