La empresa local TD. ARLU., perteneciente al conocido Grupo Tele Puerto Real, ha denunciado en el Juzgado de Instrucción de la ciudad al alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y al concejal de Urbanismo, Antonio Villalpando, por permitir que una empresa mixta, con un 50% de participación pública, realice obras sin la licencia obligatoria. Un hecho que podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Según explica la empresa denunciante, dedicada al sector de las telecomunicaciones, en febrero del pasado año solicitó al Ayuntamiento una licencia de obra para establecerse y dar servicio a la barriada Río San Pedro. Para ello tuvo que cumplir con todos los trámites legales (proyecto de obra, calificación Ambiental o un escrito de declaración responsable) así como el correspondiente pago de las tasas municipales.

El hecho que ha provocado la denuncia es que el empresario constató, en mayo del pasado año, que otra empresa estaba instalando una red similar en la misma barriada “sin que constase en el Ayuntamiento petición alguna de licencia de obras de telecomunicaciones para la barriada del Río San Pedro (a esa fecha) por ninguna empresa, a excepción de la presentada por TD. PR. ARLU”, tal y como, según dice, “se constató por la propia Gerencia Municipal de Urbanismo”.

Para la empresa denunciante lo más grave fue descubrir que la empresa que actuaba sin licencia de obra era una “subcontrata que trabajaba para la empresa local Epresa Energía, que tiene un 50% de participación pública del propio Ayuntamiento”. Mientras la subcontrata realizaba la instalación, Epresa ya publicitaba el servicio en la barriada Río San Pedro.

El denunciante explica que mantuvo una reunión con el alcalde, Antonio Romero, y el concejal de Urbanismo, Antonio Villalpando, en la que el primer edil le explicó que “todas las empresas deben tener de cara al Ayuntamiento los mismos derechos y deberes, y que en este caso, de ser cierto, no se estaba teniendo el mismo trato”.

Es por ello que se formuló una denuncia ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, poniendo de manifiesto la “irregularidad” cometida por Epresa, solicitando la “paralización de las obras y la restitución al estado inicial”.

Fue en junio cuando el responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento dijo haber firmado un decreto de paralización de la obra que Epresa estaba ejecutando en la barriada “pero no se acordó ninguna medida cautelar de tal manera que las obras finalizaron con éxito hasta el punto de que ahora publicitan el servicio y se comercializa a través de un punto de venta en el barrio”.

La empresa denunciante considera que la actuación de Epresa produce un perjuicio a su actividad empresarial ya que “sin haber cumplido la normativa, para no perder cuota de mercado, lleva a cabo un despliegue técnico para iniciar su actividad por la vía de los hechos, con total impunidad, sin cumplir con la normativa vigente”.

Todo eso se realiza –explica la demanda- “con la con la connivencia del Ayuntamiento que tiene importantes intereses en la empresa denunciada puesto que interviene en ella en un 50%, por lo que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación”.