Un grupo de ex trabajadores del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), organismo autónomo que gestiona las políticas de empleo de la Diputación de Cádiz, ha denunciado la situación en la que se encuentran después de que fueran despedidos en mayo del pasado año. Según explicaron a este periódico, los afectados son 16 y, pese a tener sentencia judicial que declara nulo su despido y por tanto obliga a su readmisión, la institución provincial ha recurrido la sentencia.

Los afectados explicaron a este medio que desarrollaban su labor como técnicos, concretamente agentes locales de promoción de empleo, conocidos como Alpes, desde el año 2005 e incluso algunos desde el año 2000. Así, indicaron que han realizado sus funciones en los distintos departamentos o servicios del IEDT, ejecutando los diferentes programas que para el fomento del empleo y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Cádiz ha gestionado este organismo autónomo.

Justo antes de su despido, añaden, se producen dos circunstancias. Una, el cambio político en la Diputación (con la llegada del nuevo presidente José Loaiza), y la negativa de la Junta de Andalucía a continuar subvencionando un porcentaje de sus salarios, como había ocurrido hasta entonces. "El IEDT, alegando que carece de la capacidad económica suficiente para hacer frente a los salarios completos de los trabajadores, muestra su imposibilidad para mantener los puestos de trabajo", continúan detallando los afectados.

"Nos convencen de que la crisis económica ha acabado con la subvención que cofinanciaba la Junta, y que en Diputación no hay suficiente consignación presupuestaria para preservar el empleo de estos técnicos, pues mantenerlos en sus puestos de trabajo supondría un riesgo para la economía de la entidad" y proceden a su despido.

Pero 11 de los 16 trabajadores acuden a los tribunales, que les dieron la razón. Así, exponen que "los distintos juzgados de lo Social de Cádiz van declarando, a lo largo del mes de noviembre, nulos todos y cada uno de los despidos, condenándose al IEDT a la inmediata reincorporación de los trabajadores".

Pero la sorpresa de los afectados llega cuando el IEDT "no cumple las sentencias hasta el momento, y de nuevo ante el juez, han manifestado la imposibilidad de readmisión, alegando, otra vez, motivos económicos y una razón de peso: Las funciones y tareas desempeñadas por los Alpes ya no existen". Sin embargo, alegan los afectados que "hemos comprobado que por parte del IEDT y de la institución provincial se publican en repetidas ocasiones noticias que vienen a decir cosas como que la Diputación va a destinar más dinero que en el ejercicio anterior a las políticas de empleo que gestiona el IEDT, o que se van a poner en marcha los planes provinciales que gestiona ese Instituto; o que la puesta en marcha del Plan Provincial de Empleo va a implicar la contratación de numeroso personal, e incluso se habla de técnicos y de nuevos agentes de empleo en número muy superior al que integramos este colectivo".

Por tanto, los afectados denunciaron su "indignación por la falta de respeto a las personas trabajadoras y a la opinión pública; no creemos que sea lógico ni justo que una Administración destinada a la promoción del empleo no quiera cumplir sentencias judiciales que permiten que sus trabajadores recuperen su empleo".

Además, en la sentencia se recoge que los demandantes también expusieron otras situaciones en su defensa, además de las mencionadas, como que no se habían especificado las causas del despido o que no se habían seguido los trámites sobre despidos colectivos (hay que recordar que, según la legislación vigente, para despidos de más de 10 trabajadores hay que presentar un Expediente de Regulación de Empleo, ERE, con su preceptivo periodo de consultas).

Eso sí, la sentencia, que declara nulos los despidos y ordena la "inmediata reincorporación" a sus puestos de trabajo a los afectados, obliga al pago de los salarios de tramitación (los que no han recibido desde mayo hasta ahora). También deja claro que la condena es al IEDT y que "absuelve de toda responsabilidad a la Diputación de Cádiz".