El portavoz del grupo popular en la Diputación Provincial, Pepe Loaiza, ha lamentado que la primera medida que haya adoptado el nuevo presidente de la Diputación Provincial , Juan Carlos Ruiz Boix, al frente del organismo haya sido la usar la institución para “saldar problemas y cuotas internas del PSOE con cargo a las arcas de todos los gaditanos”.

Loaiza se refiere al nombramiento de dos nuevos vicepresidentes, Carmen Collado y Javier Pizarro, con lo que “para reconocer a sus afines se duplica el número actual y supone un incremente del gasto anual del gobierno provincial en más de 9.000 euros más que hasta el ejercicio anterior.

El PP insiste en un comunicado en pedir un gobierno provincial que "esté al servicio de todos los gaditanos y que tenga como prioridad atender a los problemas y dificultades cada vez mayores de las familias y empresas gaditanas en los complicados momentos actuales".

El gobierno de Juan Carlos Ruiz Boix tendrá cuatro vicepresidentes. Además de mantener a José María Román como vicepresidente primero y a Javier Vidal (de La Línea 100x100 ) como segundo como parte del pacto, el líder socialista sumará a su núcleo a la jerezana Carmen Collado y al diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro -alcalde de Alcalá de los Gazules- con las vicepresidencias tercera y cuarta. "Trabajan en dos áreas fundamentales para el gobierno de la Diputación", resaltó sobre su elección.

Aunque será un gobierno continuista en las políticas, como anunció, Ruiz Boix manifestó que este organigrama dará una "mayor proximidad" del gobierno provincial a la dirección del PSOE en la provincia, del que es secretario general, para que estén presentes "en los espacios de decisión del gobierno".

Tres pilares sustentarán la acción del ejecutivo provincial, ha incidido este miércoles en rueda de prensa: consolidar la Diputación como “motor de generación de empleo, pese a no tener dicha competencia propia”; asistir a los 45 municipios de la provincia de Cádiz en sus necesidades de infraestructuras y servicios públicos; y fortalecer las políticas sociales, como es el caso de los recursos destinados a la atención a la dependencia y a las familias más vulnerables.