El diputado provincial de Servicios Económicos de la Diputación de Cádiz, Jesús Solís, ha asegurado que la institución provincial goza de "buena salud económica y con capacidad para saldar su deuda con los proveedores" y ha lamentado que el Ministerio de Hacienda "meta a la Diputación en el mismo saco de ayuntamientos amenazados con la intervención de sus cuentas". Solís advirtió hace un par de semanas de un "desfase puntual" en el periodo medio de pago a proveedores, que se había elevado hasta alcanzar los 143 días al cierre de octubre, y ahora el Ministerio de Hacienda, según adelantó El País, ha advertido a la Diputación, junto a 22 grandes ayuntamientos, para que presenten un plan de tesorería con medidas para reducir el tiempo en el pago de facturas.

"Nos han metido en el mismo saco de Ayuntamientos que tardan 400 días en pagar y con una gestión económica paralizada. No es el caso, ni por asomo, de la Diputación de Cádiz. No es justo, ni leal", ha criticado el diputado de Servicios Económicos de Diputación, que ha añadido que "una cosa es que se eleve un promedio, por un problema puntual y perfectamente subsanable a tenor de la capacidad económica, y otra cosa es sufrir un problema estructural como es el que se advierte en algunos ayuntamientos". El motivo de este desfase, según argumentó, fue la "incorporación de facturas impagadas -procedentes del anterior mandato corporativo- que acumulaban un gasto cercano al millón y medio de euros".

Según Solís, este problema, que invierte los índices alcanzados por la Diputación de Cádiz en el primer semestre de 2017 dentro de los márgenes de la Ley de Morosidad, "ha sido divulgado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en una información asociada a los ayuntamientos que están amenazados con la intervención de sus cuentas". A juicio del diputado provincial, se ofrece "una información sesgada y partidista" y ha asegurado que "ni siquiera ha notificado oficialmente el incumplimiento, ya que al fin y al cabo son perfectamente conscientes de que se trata de un problema puntual".

Jesús Solís ha insistido en que se está "trabajando en la solución demandada por, no se olvide, cinco proveedores que emitieron facturas que aún se deben conformar". En este sentido, ha añadido que el personal de Servicios Económicos, de Intervención, Tesorería y Recaudación ya ha sido convocado para una reunión en la que se concretará "la mejor solución posible y sin que dichas empresas, que prestaron un servicio, tengan más perjuicios". "Con el resto de empresas prestadoras de bienes y servicios la situación es perfectamente normal", insistió.

Sin embargo, el portavoz del PP en Diputación, José Loaiza, ha advertido de que Irene García "ha llevado a la institución provincial al colapso económico" y ha instado a la dirigente socialista a "poner orden en las cuentas y que salde los 14,1 millones de euros que adeuda a proveedores porque perjudica a pequeños y medianos empresarios y al empleo, a entidades de todo tipo, además de dejar el crédito de la Diputación por los suelos".

Loaiza ha lamentado que la de Cádiz sea "la única diputación en la nómina de entidades locales apercibidas por el Ministerio de Hacienda por llevar varios meses pagando a sus proveedores por encima del plazo legal previsto" y ha asegurado que "García ha pulverizado los peores récords a la hora de saldar deudas, dudoso honor que ostentaba hasta ahora Francisco González Cabaña".

El portavoz popular ha pedido al Gobierno socialista que "no busque excusas para justificar una situación producida única y exclusivamente por el desprecio al dinero público del equipo de Irene García" y le ha exigido que "se asuman responsabilidades".