La empresa de Vivienda y Suelo de la Diputación ha anunciado recientemente que emprenderá nuevas promociones de viviendas en cinco municipios de la provincia. Estos proyectos significarán la vuelta de la institución a la construcción de viviendas protegidas tras varios años en barbecho sin iniciar ninguna y mientras intenta dar salida a las que tiene sin ocupar en algunas localidades.

El último consejo de administración de la empresa dio el visto bueno a tres promociones en San Roque, El Gastor y Algar, que se suman a las otras dos que aprobaron poco antes en Vejer y Benalup. En total serán un centenar de nuevos pisos o unifamiliares. Para la de Vejer, por ejemplo, se ha reformulado un proyecto anterior "que era inviable según los términos de su redacción original", manifestaban desde Diputación en una nota cuando se presentó. Se han reducido costes suprimiendo locales comerciales, el número de ascensores y los honorarios de la dirección facultativa que asumen sus técnicos.

Aún así, la empresa de Vivienda y Suelo tiene aún pisos y locales vacíos. En el mandato del Partido Popular, el gobierno provincial llegó a ofrecerlas en varias ocasiones a la Junta de Andalucía sin éxito y anunció nuevas fórmulas para intentar vender o alquilar las más de 50 casas, cifró entonces, que tenía sin inquilinos. En este mandato se han vendido o alquilado en los últimos meses algunas de ellas gracias a distintas mejoras, bien ya propuestas o nuevas.

Así, en noviembre la institución provincial entregó las llaves de 15 viviendas en alquiler con opción a compra, por 190 euros al mes, en San José del Valle. Para ello, se aprobó suprimir el depósito previo y en el contrato figura el derecho a reversión. En diciembre se rebajaron los precios de viviendas a la venta en El Bosque y tres se han vendido. En Benalup se han arrendado otras cuantas.

La empresa pública no sólo estudia su intervención en promociones de nueva planta. Tras la ronda que el diputado del área, el socialista Fran González, mantuvo con los alcaldes se explicó que se pretendía reactivar el segmento de la rehabilitación e incluso alcanzar acuerdos con particulares para que viviendas vacías puedan habitarse mediante alquileres a precios reducidos. La idea sería "la recuperación de Diputación como promotora pública para resolver demandas de este tipo de viviendas protegidas", dijeron.

La presidenta de Diputación, Irene García, consideró que "están obligados a dar soluciones a centenares de familias que por sus limitados ingresos no tienen acceso a las promociones de renta libre". "La Diputación tiene que ser útil para solventar este problema con los ayuntamientos, ya sea construyendo viviendas o rehabilitando pisos", afirmó.