Las crisis siempre son aprovechadas por algunos, los que se creen más listos, para intentar enriquecerse a costa de los demás. A veces, incluso sacan tajada de aquellos que son más fáciles de convencer para que se la jueguen porque nada tienen que perder. Así surgen delincuentes de guante blanco que defraudan grandes sumas de dinero a entidades de crédito al consumo y a particulares. Son delitos relativamente nuevos que surgen a la sombra de internet y en el que los cabecillas confeccionan un entramado de enlaces que hace complicadísimo llegar hasta ellos. A pesar de la dificultad, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Udyco Bahía de Cádiz ha culminado con éxito dos operaciones en algo más de un año relacionadas con una red de fraudes de este tipo. Aunque la investigación sigue abierta, hasta el momento se ha detenido a 13 personas y hay 6 imputados en esta trama que operaba en la provincia de Cádiz y en otras de la comunidad autónoma, como Málaga o Granada. La Policía empezó a investigar a raíz de denuncias, digamos, raras. Algunas como la de una señora de 60 años que denunciaba el robo de una moto deportiva que se había comprado y para lo que le habían otorgado un préstamo.

Los estafadores se servían de documentación falsificada para solicitar a través de intermediarios autorizados financiación de vehículos que finalmente no se adquirían por el cliente o el destinatario final del dinero, así que, simplemente, se simulaban las compraventas. Una vez que la entidad financiera efectuaba el desembolso, en la cuenta de uno de los intermediarios, se repartían entre varios el dinero en forma de comisiones, y el sobrante se entregaba al destinatario final del préstamo, quien habría acudido a este tipo de individuos para obtener una cantidad todavía menor a lo solicitado por los estafadores, pero teniendo que pagar unos intereses muy por encima de lo deseado. Para ello se le exigía fingir ser el comprador de un vehículo, que normalmente se encontraba en tráfico a nombre de otro titular ajeno a que la documentación de su vehículo estaba siendo utilizada en un fraude. En la mayoría de los casos se llegaba a falsificar la documentación, incluso con certificados de invalidez expedidos por la Seguridad Social. Estos estafadores publicitaban sus servicios con anuncios en farolas o páginas webs que siempre llevaban a la misma gente. En la operación se han visto implicados concesionarios de la provincia de Cádiz, Granada o Sevilla, y los precios de los vehículos que compraban oscilaban entre los 9.000 y los 20.000 euros. Como los supuestos compradores de los vehículos eran en todos los casos insolventes las entidades bancarias se veían incapaces de recuperar el dinero prestado.

Según fuentes policiales, algunos implicados en esta trama, que accedieron a entrar en el juego por mera necesidad, incluso ha agradecido que todo se destapara porque ya no sabían qué hacer para escapar de estas mafias, que también contaban con la ayuda de gestorías y que utilizaban sus datos para otros fraudes.

La historia es que las personas con escasos recursos económicos y dificultad para obtener un nuevo crédito a través de su banco acudían a estos negocios de aparente legalidad y que se anunciaban también en páginas webs de ventas de segunda mano o creadas al efecto, para captar posibles clientes a los que ofrecer todo tipo de servicios financieros e incluso inmobiliarios que nada tenían que ver con la realidad.

Dentro de las páginas se solía rellenar una solicitud y a través de uno o varios números de teléfonos y correos electrónicos, los estafadores se ponían en contacto con el posible cliente. Muchos, incluso una vez descubiertas las verdaderas intenciones, participaban junto a la trama en este tipo de estafas, desesperados por obtener el préstamo a toda costa; otras veces sus datos personales eran utilizados sin que lo supieran en nuevas operaciones, haciéndolos pasar por fiadores o avalistas falsos.

Debido a la gran cantidad de partícipes en esta trama criminal, algunos de ellos localizados en las provincias antes citadas, a las diferentes técnicas utilizadas a la hora de estafar a las entidades de crédito y a particulares, y al hecho de que en la trama participaran desde concesionarios de ventas de automóviles hasta agentes comerciales, particulares o los propios estafadores, la Policía decidió desdoblar las operaciones en dos por su complejidad: Jabba y Sinauto.

Los agentes han conseguido esclarecer más de 50 operaciones fraudulentas a entidades de crédito al consumo. Parte de estas entidades ya se han erigido en denunciantes en distintos juzgados de Cádiz, que son los que han llevado la instrucción de la causa. El registro practicado en uno de los concesionarios de la capital gaditana permitió descubrir una intensa actividad defraudatoria que extendía esta práctica incluso al año 2007.

Por otro lado, la Policía ha detectado la utilización de coches dados de baja en este tipo de farsas a las entidades financieras, ha intervenido vehículos, algunos eran parte del pago en especie por los servicios prestados por estos estafadores y se estima que se han defraudado del orden de más de medio millón de euros.

Asimismo, esta red falsificaba abundante documentación que afectaba a organismos públicos, como la Dirección General de la Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico para la perpretación de estos delitos continuados.

Entre los afectados también se encuentran los titulares de algunos de los vehículos utilizados, que los ponían a la venta en concesionarios de automóviles que utilizaban su documentación para simular sus compras financiadas a nombre de otras personas.

La Policía también investiga a concesionarios que, a sabiendas de que no se transmitían los vehículos, actuaban en connivencia con los estafadores para procurarles la intermediación con la financiera o bien alguno de sus trabajadores, a cambio de una suculenta comisión.