Los planes para urbanizar la finca La China, ubicada entre el pueblo marinero de Puerto Sherry y la playa de La Muralla, vienen de muy atrás pero hasta la fecha se han encontrado con un sinfín de contratiempos y eventualidades, el último de los cuales ha sido la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto aprobado en 2012, lo que hace que la ciudad vuelva a regirse actualmente por el PGOU de 1991, en tanto no se aprueba un nuevo planeamiento.

El último Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para la China se aprobó de forma inicial en enero del pasado año 2021, pero finalmente la tramitación se cayó de la agenda a causa de la anulación del PGOU. No obstante sus promotores -una comisión gestora formada por cuatro propietarios: Culmia-Polux (antiguo Sabadell), Sareb, Metrovacesa y Oliver- están de nuevo tratando de tramitar el desarrollo urbanístico de la zona, esta vez con arreglo al PGOU en vigor de 1991, que también recoge los terrenos como urbanos.

El último PERI presentado por los promotores para esta finca, hoy llena de retamas y vegetación, contemplaba la construcción de cerca de 800 viviendas de nueva planta, y en concreto las que se ubicarían en la finca La China tendrían hasta cinco plantas de altura. De este número 783 se planteaban en la finca La China y otras 320 en los terrenos del Pueblo Marinero, lo que junto a las 164 viviendas que ya existen en este enclave arrojaría cerca de mil viviendas en una zona en la que, según se quejan los actuales residentes de la zona, no hay accesos ni infraestructuras preparadas para soportar tal densidad.

Un cartel de la inmobiliaria Culmia se ubica ya en la finca, antes de la señalización hacia la playa de La Muralla.

Los más de 300 propietarios afectados por el proyecto, como la comunidad del Pueblo Marinero de Puerto Sherry y las comunidades de Fuerteciudad y Santa Catalina, han unido sus fuerzas para tratar de poner freno a un proyecto que consideran fuertemente especulativo y que afectará a la calidad de vida no solo de estas entidades, sino de toda la ciudad, por el alto impacto ambiental que tendrá.

Las comunidades ya han comenzado a moverse y preparan alegaciones para cuando se presente el nuevo PERI, que ya está en tramitación según han confirmado desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige Danuxia Enciso. Tal y como explica la edil los promotores no deberán esperar a la aprobación del nuevo PGOU, ya que el planeamiento actualmente en vigor, el de 1991, ya recoge estos suelos como urbanizables, aunque sí han tenido que comenzar toda la tramitación de nuevo desde el principio, a consecuencia de la anulación del último Plan General.

Los argumentos de los propietarios afectados coinciden casi en su totalidad con las presentadas en su día, para el anterior PERI, por la asociación Ecologistas en Acción. En estas alegaciones, que la entidad volverá a presentar cuando se tramite el nuevo PERI, se denuncia que “la aprobación del PGOU de 1991 fue un fraude legal, en connivencia con los promotores de Puerto Sherry”, ya que según la entidad se incumplieron ya entonces los requerimientos de la Ley del Suelo.

Antes de la aprobación del nuevo PERI es necesario que la Junta de Andalucía de su visto bueno a la Evaluación Ambiental Estratégica, de la que el PGOU de 1991 carecía y que fue también el motivo de la caída del PGOU de 2012.

Para los ecologistas “el desarrollo urbanístico de El Puerto es insostenible y reflejo de la política de urbanismo especulativo que ha proliferado en los municipios litorales, con toda su indeseable secuela de impactos ambientales, ilegalidades y corrupción”.