La colonia británica de Gibraltar se mantiene como el gran estanco del que se nutre el contrabando de tabaco en Andalucía y también las arcas del Peñón. Casi cuatro de cada diez cajetillas de cigarrillos que se consumen en la comunidad autónoma son adquiridas en el mercado negro, abastecido desde la importación que efectúa Gibraltar en cantidades ingentes.

A Gibraltar, con apenas 30.000 habitantes, entraron el año pasado 72 millones de cajetillas de tabaco por las que su Gobierno obtuvo 180 millones de euros en derechos de importación. O lo que es lo mismo, el 26% del presupuesto anual que ascendió a 690,8 millones de euros el pasado año fiscal. Con esos ingresos, Gibraltar tuvo suficiente dinero como para sufragar su sanidad en un año (168 millones de euros) o las pensiones, educación y su administración (166 millones de euros), según las propias cuentas del Peñón. La mayoría de ese tabaco importado acabó vendiéndose en España, en el circuito ilegal controlado por las mafias.

Las autoridades exigen mayor celo a la colonia en el control del perímetro de la Verja

La situación no es nueva. La Agencia Tributaria lleva años denunciando esta práctica que provoca cada año un fraude millonario a las cuentas españolas. En 2016, la AEAT cifró la repercusión del contrabando de tabaco en las cuentas gibraltareñas en el 30% de su presupuesto y en torno al 20% de su Producto Interior Bruto. Unos cálculos que suscribe el actual responsable regional de la agencia, Jorge Ramírez, quien participó en la mesa técnica sobre el contrabando de tabaco que anualmente organiza el Grupo Joly en colaboración con Altadis, celebrada en La Línea de la Concepción.

El Ejecutivo del Peñón mantiene abierta esta cuantiosa vía de ingresos a las puertas de un futuro incierto ante el Brexit, que desde el mismo momento del referéndum tuvo un impacto en la banca y las apuestas online, otras dos fuentes de financiación del erario gibraltareño.

Los efectos económicos de la venta ilegal de cigarrillos fue uno de los temas principales debatidos en el coloquio, moderado por el director de Europa Sur, Javier Chaparro. En torno a la mesa hubo representación no solo de Hacienda, también altos mandos de todas las autoridades que trabajan para atajar el problema (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Servicio de Vigilancia Aduanera), de la industria tabaquera y del municipio linense, otro de los damnificados por la evasión fiscal que lleva implícita la compra de una cajetilla al margen de los estancos.

El contrabando de tabaco a escala europea supuso 700 millones de euros de fraude fiscal entre 2010 y 2013, según el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) publicado en julio de 2014 a instancias de España y que provocó al año siguiente un derrumbe de las importaciones de Gibraltar, que pasaron de 120 millones de cajetillas ese año a apenas 50 en 2015.

Desde entonces, año a año, la importación gibraltareña ha vuelto a tomar cuerpo mientras que las autoridades españolas tratan de poner freno a una práctica que no solo deriva en consecuencias económicas para la hacienda pública, también sociales y de seguridad ciudadana, según coincidieron todos los participantes en el coloquio.

El delegado de la Agencia Tributaria apuntó a la importancia de controlar el exagerado acopio de tabaco que realiza Gibraltar ante el diferencial de precio con España, lo que alienta el contrabando. "En Ceuta, donde existe un control aduanero y de demanda, entran al año cuatro millones de cajetillas para una población de 80.000 habitantes. Y pese a la cercanía con Andalucía y la diferencia impositiva, no es foco de contrabando. Por eso es importante controlar el stock", dijo.

El coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Algeciras, Jesús Núñez, apoyó este argumento con las cifras de aprehensiones en lo que va de año: unas 5.000 cajetillas procedentes de Marruecos en Tarifa y apenas 90.000 en los desembarcos de pasajeros desde Ceuta frente a las más de 400.000 localizadas en La Línea a quienes trataban de cruzar desde Gibraltar con más cantidad de la autorizada y también por los numerosos puntos débiles que presenta la verja. "El tabaco que pasa por la Aduana es un goteo frente al que se envía a través de los boquetes de la verja o se alija en las playas de Gibraltar en lanchas que desembarcan apenas a unos metros, en La Línea", explicó Núñez, quien demanda a Gibraltar más celo en el control perimetral. "Sería deseable el mismo nivel de cooperación policial que hay en otras materias como terrorismo o seguridad", afirmó.

Para Lisardo Capote, jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera, la colaboración de las autoridades gibraltareñas debería incrementarse. "Hay zonas militares en Gibraltar con gran vigilancia. Es imposible que Gibraltar no se dé cuenta de que salen lanchas con tabaco", sostuvo. La instalación del prácticamente infalible escáner Medusa en la Aduana acabó con el carrusel de vehículos con dobles fondos. Como alternativa para las mafias, ha repuntado el contrabando por la vía marítima, reconoció.

La Policía Nacional no tiene competencias directas en la represión del contrabando, pero sí la obligación de perseguir el delito por su incidencia en el ámbito fiscal. Pese a ello, el Cuerpo Nacional de Policía lleva incautadas más de 260.000 cajetillas este año en La Línea, según explicó el comisario jefe, Francisco López. El mando policial incidió en los vínculos de las mafias del contrabando de tabaco con las del narcotráfico, compartiendo elementos como las lanchas y la infraestructura de almacenamiento.

En las calles, el contrabando provoca "persecuciones diarias" y más de 200 intervenciones el pasado año por parte de la Policía Local de La Línea, cuyo jefe, Carlos Fernández, detalló que las identificaciones de personas apostadas junto a Gibraltar para avisar de la presencia de las autoridades también son constantes.

El alcalde linense, Juan Franco, incidió sobre las consecuencias sociales del contrabando, una actividad tolerada en determinados estratos de la sociedad. "Genera una podredumbre social y económica. Es un problema enorme, complejo y con grandes ramificaciones", detalló. Como municipio, además de un constante refuerzo policial, el regidor recalcó la necesidad de un plan integral de desarrollo que desincentive el contrabando como fórmula para ganar dinero fácil.

Todo este mercado ilícito preocupa igualmente a las compañías tabaqueras como Altadis. "El contrabando no nos sale gratis a los fabricantes. Cuando hay aprehensiones, las tabaqueras pagan el diferencial de precio en forma de multa", resaltó Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis. Ingelmo, tras escuchar a los altos mandos policiales, reconoció que no se puede pedir más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que ratificó que el control de la oferta es el camino, dado que actuar sobre la demanda, más aún con el diferencial de precios entre España y Gibraltar, es complejo.