Provincia de Cádiz

Greenpeace ve en la costa 4 zonas amenazadas por un nueva burbuja

  • La organización ecologista señala a Caños de Meca-Conil, Chipiona-Sanlúcar, Torreguadiaro y Barbate-Zahara de los Atunes como espacios con alta presión urbanizadora y no protegidos

Construcciones en primera línea en Caños de Meca, una de las zonas de alta presión urbanizadora sobre las que alerta el informe de Greenpeace. Construcciones en primera línea en Caños de Meca, una de las zonas de alta presión urbanizadora sobre las que alerta el informe de Greenpeace.

Construcciones en primera línea en Caños de Meca, una de las zonas de alta presión urbanizadora sobre las que alerta el informe de Greenpeace. / manuel aragón pina

La organización ecologista Greenpeace alertó ayer, ante la "amenaza" de una nueva "burbuja inmobiliaria" en la costa española, sobre 53 zonas de alta presión urbanizadora que no están protegidas y que se encuentran cerca de áreas ya urbanizadas y bien comunicadas o espacios naturales. Entre esas zonas hay cuatro de la provincia de Cádiz: Caños de Meca-Conil, Chipiona-Sanlúcar, Barbate-Zahara de los Atunes y Torreguadiaro.

En su informe Protección a toda costa, presentado ayer en Málaga, Greenpeace parte de la hipótesis de que se esté produciendo una "nueva edad de oro" del ladrillo, después de que el mercado de la vivienda creciera en España en 2016 "a un ritmo que no se veía desde hace una década".

Por ello, pone el foco en aquellos espacios que quedan sin urbanizar en la costa, los que aún no están protegidos y que podrían ser los emplazamientos donde la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras "se pudieran cebar en un futuro", al ser las más codiciadas por los promotores inmobiliarios.

Estas áreas se caracterizan por no estar ya muy saturadas de ocupación artificial y por su fácil accesibilidad, por lo que "la mejor forma de proteger es dificultar el acceso", según se señala en el documento.

El informe de Greenpeace analiza las 22 provincias costeras bajo diferentes indicadores. Cádiz, con un 69,1%, aparece como la tercera provincia española con mayor porcentaje construido en zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), tras Málaga y Huelva y por delante de Barcelona, Valencia, Alicante y Castellón.

Con un 14,5%, Cádiz es la cuarta provincia española en porcentaje edificado en los diez primeros kilómetros de costa, "la franja más codiciada por la industria turístico-inmobiliaria", tras Barcelona, Alicante y Málaga y por delante de Pontevedra, Vizcaya, Guipúzcoa, Tarragona, Valencia Murcia y Castellón.

En esa franja de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, en Cádiz se encuentra una superficie protegida de 49.250 hectáreas (el 38,6% del total, con dos parques naturales, Alcornocales y Bahía de Cádiz, y 18 espacios de la Red Natura 2000) y 19.265 hectáreas de superficie marina.

Greenpeace considera en su informe que Cádiz presenta todavía graves riesgos de urbanización en la costa que queda sin edificar con un importante potencial especulativo.

El sector occidental, entre Trafalgar y la provincia de Huelva, señala, es el más urbanizado y ha sufrido severas transformaciones desde 1987. Desde El Puerto de Santa María hasta Sanlúcar de Barrameda se ha consolidado un cordón urbano litoral del que no se ha salvado ni la Base Naval de Rota. En el sector más oriental, la muralla litoral de Málaga se prolonga hasta Gibraltar.

Las zonas no protegidas con mayor riesgo de presión urbanística están en el tramo entre Sotogrande y el norte de La Línea, sobre todo en Torreguadiaro, donde se localizan ya varias urbanizaciones y campos de golf recientes. También entre Bolonia y Cabo de Trafalgar, si bien aquí hay una reserva de suelo de uso militar. Algo más al noroeste, entre Caños de Meca y Conil, ya hay fuertes desarrollos inmobiliarios recientes en la zona de El Palmar. Finalmente, indica Greenpeace, un pequeño sector entre Chipiona y Sanlúcar, de apenas un kilómetro y medio, se conserva como el único vestigio sin urbanismo masivo entre el Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, aunque ya está bastante intervenido por urbanización dispersa.

El informe anota que entre 1987 y 2011, la superficie artificial en el litoral de Cádiz creció un 111%. Y que el 20% del suelo no protegido ha sido alterado por el ser humano.

Como elefantes blancos (infraestructuras en desuso, fallidas o de impacto ambiental inaceptable), Greenpeace señala dos en la provincia de Cádiz. El primero, el Parque de la Historia y el Mar, en San Fernando. Es un acuario de 27.000 metros cuadrados sin uso desde que se construyó en 2007 en pleno DPMT. Costó 10 millones de euros, señala el informe, y el Ayuntamiento de San Fernando no halla desde entonces ninguna empresa que lo quiera explotar.

El segundo elefante blanco es Costa Ballena, una urbanización ubicada en los municipios de Rota y Chipiona. Con más de 40.000 plazas, ha sido construida junto a una playa con una dinámica fuertemente erosiva que necesita una continua aportación de arena, afirma el documento de Greenpeace. Tiene tasas de erosión superiores a un metro por año.

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