A mediados del mes de agosto, los vecinos de las viviendas que jalonan las márgenes del río Guadarranque, veían cumplidas las reivindicaciones que venían reclamando desde hace años. Bastaron varios vídeos colgados en la plataforma You Tube para terminar de convencer a las autoridades de que era necesario poner coto a la impunidad de quienes paseaban por el patrio trasero de algunos para sus actividades de narcotráfico. Eso y reportajes televisivos que ponían el acento en una pasividad poco defendible.

Fueron el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez quien, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, anunciaban medidas que iban a poner en marcha "un sistema de exclusas" que blindaría el río a las gomas.

Poco después, alguien debió hacer números ante la posibilidad de que dicho método acabara de la misma manera que terminó en sus días el anterior, es decir, desmantelado víctima de actos vandálicos y vendido como chatarra. Sus restos aún languidecen como monumento a la fragilidad de las convicciones y de unas medidas de dudosa eficacia. Así, se anunció un más económico sistema de estacas que se ubicarían en la entrada de un río que, no olvidemos, no es navegable.

Se trata de un sistema de palos anclados al lecho del río y que sobresalen al menos dos metros de la superficie en periodos de marea alta y que, entrelazados entre sí y equidistantes, impedirían el acceso a unas embarcaciones que llegan a alcanzar los 30 nudos de velocidad y que lo hacen en presencia de bañistas de la pequeña playa que se forma en su desembocadura. Se cumpliría así el requisito medioambiental de renovación de las aguas y la preservación de la fauna y flora del cauce.

Eso sí, se mantenía, según Antonio Sanz, el compromiso de "ejecutarlo antes de que acabe el año" y se trataría de una "solución permanente", ya que se trata de "una prioridad la lucha contra el contrabando y la extrema peligrosidad que supone la navegación de este tipo de embarcaciones por el Guadarranque". Desde entonces nunca más se supo.

Varios vecinos han expresado sus quejas a este periódico por la desidia de las autoridades en acometer dicha solución. "Nos dijeron que iban a comenzar las obras a comienzos de diciembre; ya estamos en esos días y no se ha hecho nada". Lo único que pretenden es "que cumplan con lo que dijeron en su momento". Para ello, algunos han mantenido conversaciones con políticos locales "que nos han asegurado que las obras van a estar listas de cara al próximo verano".

Todo ello coincide con una actividad inusitadamente corta de las bandas que utilizan el cauce del río para sus operaciones de narcotráfico. Según reconocieron a este medioresidentes de la zona, "llevamos semanas sin que se produzcan los viajes que las gomas realizaban hasta seis veces diarias hace poco más de un mes. Se trata de un comportamiento muy extraño, ya que tradicionalmente en estas fechas suelen hacer multitud de ellos; la gente suele tener dinero en Navidades y siempre es una buena oportunidad para hacer negocios de los suyos".

Fuentes de la lucha contra el tráfico de drogas, matizaron que esta estrategia puede corresponder a un intento por parte de las bandas organizadas de "comenzar a buscarse otros emplazamientos para poder entrar el hachís que traen desde Marruecos ante el anuncio de la inminente clausura del río". De hecho, en el transcurso de las últimas semanas, el tráfico de drogas parece haber entrado en un paréntesis.

Por el momento, el único paso que parece haberse dado de cara a conseguir plasmar este proyecto data de comienzos de septiembre. En aquella ocasión, el pasado día 7, el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, mantuvo una reunión con la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras para tratar los aspectos técnicos del mismo, ya que se invaden competencias de dominio portuario.

Al mismo tiempo, mantuvo un encuentro con los vecinos de Guadacorte que le trasladaron su preocupación por la marcha de las obras. En el transcurso del mismo, se contabilizaron 15 sanciones en materia penal por infracción de la prohibición de navegar por la zona. Reuniones con los alcaldes de Los Barrios y San Roque y los representantes de la Junta de Andalucía consiguieron arrancar los propósitos de lucha contra las instalaciones ilegales, para las que a los vecinos se les pidió que remitieran los documentos que legalizaran las que actualmente tienen operativas en la zona. Fue entonces cuando se les informó de que pedían su colaboración para denunciar cualquier actividad ilícita que observaran en la zona.

Desde entonces, la campaña electoral parece haberse convertido en el último de los obstáculos que les quedan para que el río deje de conocerse como la autopista de la droga.