Provincia de Cádiz

Hasta 17 meses de retraso en Cádiz para reconocer una discapacidad

  • Antes del estado de alarma, los procedimientos de valoración se demoraban 11 meses. A finales de 2020, el tiempo de espera alcanzaba los 15 meses. La Junta justifica la tardanza por la falta de personal y la alta demanda ciudadana

Un hombre en silla de ruedas en la capital gaditana.

Un hombre en silla de ruedas en la capital gaditana. / Julio González

El Defensor del Pueblo Andaluz ha formulado una resolución ante la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión que contiene diversas recomendaciones y sugerencias para mejorar el procedimiento de la valoración de la discapacidad en la comunidad autónoma. Esta propuesta nace de una investigación de oficio realizada por el organismo andaluz sobre los tiempos medios de respuesta de la Junta de Andalucía desde que una persona solicita la valoración de discapacidad hasta que recibe la notificación de la resolución. De dicho estudio se desprende que la provincia de Cádiz acumula importantes retrasos que se han llegado a prolongar hasta los 17 meses y ello a pesar de contar con dos Centros de Valoración, uno en Cádiz y otro en Algeciras. La Junta de Andalucía, por su parte, asegura que las listas de espera se han rebajado ya a 13 meses.

Durante el año 2020 el Defensor del Pueblo Andaluz comenzó a recopilar información sobre las dilaciones que venía apreciando en el desempeño de las competencias asignadas a los nueve Centros de Valoración y Orientación de la comunidad autónoma en materia de discapacidad, especialmente en lo que atañe a la valoración de dicha situación, bien inicial, bien por vía de revisión.

"Adoptamos dicha decisión una vez constatado a lo largo de 2019 que el retraso en la respuesta a las peticiones de la ciudadanía, lejos de mejorar o cuanto menos estabilizarse, iba en incremento y que, en consecuencia, la paralización en la actividad administrativa, consecuencia de la crisis sanitaria del Covid, vendría a agravar una dificultad preexistente", recoge el documento.

Para conocer la realidad a lo largo de un periodo de tiempo razonable, el Defensor de Pueblo decidió desplegar una investigación de oficio a la inversa, "en el sentido de valernos como campo de información de las diversas peticiones planteadas ante el Defensor del Pueblo Andaluz por las personas afectadas que sufrían las demoras aludidas".

De este modo, el organismo realizó un seguimiento estrecho de la situación objeto de análisis a lo largo de 2020 y 2021 mediante las pertinentes y sucesivas peticiones de informes dirigidas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

El Defensor recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, así como con el Decreto 141/1993, de 7 de septiembre, de la entonces Consejería de Asuntos Sociales, el plazo de resolución de estos asuntos es de seis meses. "En el plano práctico, se puede resumir que la dilación del procedimiento está computada desde la fecha de solicitud inicial hasta la notificación de la resolución a las personas interesadas, ya que la demora en sí tiene en consideración los seis meses que marca la normativa de referencia, por lo que no hace un balance real de la espera tan acusada que puede soportar la ciudadanía en la valoración de la situación de discapacidad", apunta la institución andaluza.

Así las cosas, del estudio pormenorizado realizado por el Defensor del Pueblo de Andalucía sobre los tiempos medios de respuesta de la Administración desde que una persona solicita la valoración de discapacidad hasta que recibe la notificación de la resolución, se desprende que la provincia de Cádiz acumula importantes demoras en estos procedimientos.

En el caso de Cádiz, en primer lugar, se cuenta con la particularidad de que existen dos Centros de Valoración que, “lejos dar una respuesta rápida, produce demoras en toda la provincia”, subraya el Defensor del Pueblo. Asimismo, indica que ya se apreciaba un retraso inicial “con anterioridad a la declaración del estado de alarma de 11 meses”. Según los datos facilitados por la propia Delegación Territorial de Cádiz, la causa de los atrasos residía en “la falta de personal”.

En la actualidad, en la provincia de Cádiz se reconoce un incremento en los meses de espera con respecto al año anterior. Por un lado, en diciembre de 2020 la Junta estipulaba en 15 meses la demora desde que se presentaba la solicitud de valoración. La Administración justificaba este hecho "por el elevado volumen de peticiones, reiteraba la falta de personal y sumaba un retraso agudizado por la pandemia del Covid-19".

Con fecha de mayo de 2021, la Delegación de Cádiz indicaba un retraso de 17 meses, en concreto, en un informe emitido para resolver una queja en la que un interesado presentó su solicitud en noviembre de 2019 y no fue valorado hasta abril de 2021. "Por todo ello, se observa un aumento de los tiempos medios de respuesta de manera progresiva", concluye el Defensor del Pueblo.

"Al hilo de lo anterior, con fecha de agosto 2021 se recibió un informe de la Delegación Territorial de Cádiz que aportaba información general sobre la carga de trabajo de los Centros de Valoración de Cádiz y Algeciras. En él se reflejaba el tiempo medio de conclusión de los procedimientos de valoración de discapacidad en la provincia y el número anual de solicitudes recibidas en 2020. También se recogían los parámetros de las cargas de trabajo a los que la provincia de Cádiz hace frente, así como el incremento de las demandas ciudadanas de manera escalonada", apostilla la resolución del Defensor del Pueblo sin aportar datos concretos.

En comparación con el resto de provincias andaluzas, Cádiz es de las que arroja peores tiempos de respuesta. En principio, en la provincia de Almería no se aprecia ninguna situación anómala, al no contar con testimonios de personas que así lo avalen. Para el caso de la provincia de Huelva, "las quejas que se reciben son muy escasas", sin que exista una certeza sobre demoras en la citación para la valoración ni listas de espera. "En ambos casos se carece de información sobre cargas de trabajo que indiquen algún tipo de anomalía relevante", dice el documento del organismo andaluz.

En la provincia de Córdoba la demora existente podría ser calificada "dentro de los términos de razonabilidad" de la actuación administrativa, al no superar los ocho o nueve meses en los tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad. Para la provincia de Jaén el retraso es de 11 meses, materializado en 10 meses para citar a las personas interesadas y un mes para dictar resolución y notificarla.

En sentido contrario y con un tiempo de respuesta superior al ofrecido en Cádiz, la provincia de Granada cuenta con un atraso en la resolución de valoración de la discapacidad de 19 meses, dato extraído del informe remitido por la Delegación Territorial en abril de 2021. Del análisis de la provincia de Sevilla se desprende que la demora acumulada por el Centro de Valoración está cifrada en 18 meses, según informó la dirección del EVO de Sevilla en mayo de 2021 al Defensor. De manera notable destaca la tardanza de la provincia de Málaga, que llega a soportar una lista de espera de 24 meses para los casos de valoración del grado de discapacidad y de 26 meses para las revisiones de grado que se realizan en el Centro de Valoración. 

El derecho a una buena Administración

Una vez analizada la situación de los Centros de Valoración en Andalucía y las causas que provocan largas lista de espera y demoras que van mas allá de lo aceptable, el Defensor del Pueblo Andaluz concluye que existe un retraso generalizado y estructural en gran parte de Andalucía, motivado, en su mayoría, por el volumen de la demanda ciudadana y por desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar con el número de personas designadas para estas tareas.

"Pese a tener en consideración las circunstancias de los últimos meses, en cierta medida anómalos por el contexto de crisis mundial pandémica que como sociedad hemos vivido, no podemos obviar que esta problemática escapa de la puntualidad y empieza a establecerse de manera sistémica en el reconocimiento del grado. El volumen de quejas recibidas en esta institución no deja lugar a dudas en cuanto a las demandas que presentan las personas con discapacidad y sus familiares, que nos participan de sus necesidades y reivindicaciones diariamente en sus escritos", señala la resolución del Defensor del Pueblo, que prosigue así: "Las demoras relatadas tienen un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, pero inciden de manera acusada en su situación laboral, ya que sin acceso al mercado laboral y sin formación, no es posible la incorporación a la vida activa de las personas con discapacidad, lo que puede generar marginación y pobreza con unos tiempos tan dilatados".

Por ello, desde la Defensoría se reclama de los actores públicos actuaciones diligentes que permitan la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos tales como el trabajo, la educación, el transporte y la vivienda, entre otros, y pide que se solucione cualquier tipo de práctica administrativa irregular y excluyente, como son las listas de espera que se vienen aconteciendo en la comunidad autónoma.

"Es imprescindible renovar el compromiso adquirido con las personas con discapacidad en la recuperación de su derecho a una buena Administración, poniendo especial énfasis en la eliminación de cualquier traba burocrática, o conducta omisiva existente, a la hora de acceder a su reconocimiento de grado de discapacidad, requisito imprescindible para obtener los beneficios sociales que las normativas especificas les garantizan y que están destinados a la eliminación de barreras sociales, educacionales y laborales existentes", insiste la institución andaluza.

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