Izquierda Unida defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Cádiz una moción en la que llama la atención sobre el escaso reconocimiento profesional que se dispensa desde las administraciones al colectivo de arqueólogos de la provincia y del resto del país.

La diputada provincial de IU Cádiz, Carmen Álvarez, se ha hecho eco de las demandas de estos profesionales tras el encuentro mantenido con la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arqueólogos de Cádiz. Apunta la diputada que estos profesionales "reclaman a las administraciones que equiparen las normativas existentes en cada una de las comunidades autónomas y que les permitan ejercer su profesión en todo el ámbito nacional, ya que forman parte del engranaje del Patrimonio Cultural" y señala que "al no estar reconocida como profesión, pues carece de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), cada comunidad autónoma ha legislado a su manera, cada cual tiene su Ley de Patrimonio y su Reglamento de Actividades Arqueológicas, por lo que los requisitos a cumplimentar para poder dirigir una actividad arqueológica varían en función de cada una de ellas e, incluso, del funcionario que gestiona cada uno de los proyectos”.

Apunta la portavoz de IU en la Diputación que "precisamente Cádiz es una de las provincias con mayor riqueza arqueológica de España y este patrimonio cultural supone un gran atractivo para la provincia, además de una vía de desarrollo para un turismo sostenible, rentable y no estacionalizado, que es lo que necesita la provincia".

De esta manera, la moción que defenderá IU pide el apoyo expreso de la Diputación de Cádiz a la figura del arqueólogo "como garante de la salvaguarda y la protección de los restos arqueológicos (bienes demaniales estatales), reconociendo su profesión", por lo que solicita "la implantación, dentro de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en su servicio de Vías y Obras, de dicha figura, con el fin de evitar la destrucción y pérdida del patrimonio histórico y arqueológico de la provincia de Cádiz en el marco de actividades de construcción propias".

Asimismo, insta al Parlamento de Andalucía a "la elaboración de una Proposición No de Ley que posibilite la elaboración de un acuerdo marco, el cual permita el reconocimiento oficial de la profesión de arqueólogo, al menos en la Comunidad Autónoma andaluza, así como la creación de una mesa sectorial, que permita evaluar la verdadera situación del sector y permita la generación de un conocimiento transferible a la formación profesional".

Finalmente, la moción insta "al Gobierno de España a que, en el Congreso de los Diputados, se presente una moción, por la cual se reconozca la actividad arqueológica dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), dotándola de un código propio, de manera que este colectivo pueda acceder a derechos tan esenciales como es el reconocimiento de las enfermedades generadas por su trabajo o a la redacción de un convenio colectivo".

La diputada de IU apunta que "la crisis económica desatada por la propagación del coronavirus ha desempolvado ahora los recuerdos más amargos de un gremio malherido y ha afectado de manera especial a la arqueología profesional, vinculada directamente a la construcción, gravemente paralizada por la pandemia, como ha ocurrido con otros muchos sectores". Asimismo, señala que "el 65% de los más de 2.500 arqueólogos españoles desarrolla su actividad como autónomos, de los cuales, en la provincia de Cádiz hay 170 que están colegiados y otros 100, sin colegiar".