IU manifestó ayer que la aprobación municipal de "cinco expedientes sancionadores" contra Aqualia, la empresa concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad, "confirma que teníamos razón en nuestras denuncias ante el cúmulo de irregularidades en el servicio que presta esta multinacional y la presunta colaboración, por acción u omisión, del PSOE y Ciudadanos".

Según destacó, los motivos son "la reducción de la plantilla recogida en el pliego de condiciones de la concesión, inversiones comprometidas que no se justifica en el alcance de las obras ni en la cuantía, la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado y los imbornales, y el presunto fraude del cobro ilegal en los recibos del agua por valor de alrededor de un millón de euros".

Esta formación política de la oposición municipal precisó que "la reducción de plantilla, además de empeorar el servicio, originó un aumento ilegal en el beneficio para Aqualia; las obras comprometidas y no realizadas implican un intento de engañar a los sanluqueños, y la falta de limpieza de la red de alcantarillado durante los años 2012, 2013 y 2014 puede ser presuntamente la causa de los distintos episodios de inundaciones que ocasionaron graves daños a muchos sanluqueños". La coalición izquierdista añadió que "el cobro ilegal en los recibos del agua es un presunto fraude a miles de sanluqueños al cobrarles tasas por un calibre que no tenían en sus contadores y a todos los sanluqueños al subir los conceptos fijos de la factura por encima del 85% del IPC correspondiente".

IU considera que "estos hechos son de una demostración inmediata y de una gravedad que no sólo se debe zanjar con una sanción administrativa que, en el mejor de los casos, sumará en total 150.000 euros, sino que, una vez tramitados los expedientes sancionadores, debe procederse al rescate del servicio sin coste para la ciudad, sin olvidar la exigencia de las indemnizaciones por los daños causados".