Ingreso Mínimo Vital 3.099 familias gaditanas obtuvieron la Renta Mínima de Inserción Social durante el estado de alarma

  • Según la Junta, primero hay que solicitar el Ingreso Mínimo Vital para después optar a esta ayuda autonómica

Reparto de alimentos durante el estado de alarma. Reparto de alimentos durante el estado de alarma.

Reparto de alimentos durante el estado de alarma. / Lourdes de Vicente

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) el pasado 10 de junio inoculó de esperanza, pero también de muchas dudas, a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Entre esos interrogantes todavía queda abierta la relación entre esta prestación estatal con las diferentes ayudas sociales autonómicas que, en el caso de Andalucía, responden, principalmente, a la Renta Mínima de Inserción Social Andaluza (RMISA). ¿Son compatibles? ¿Son computables?

Lógico este interés cuando conocemos que entre los meses de abril a junio, en pleno estado de alarma, la Junta de Andalucía concedió en la provincia de Cádiz 3.099 nuevas RMISAS, además de aprobar 678 renovaciones, con lo que han sido 3.777 familias gaditanas las beneficiarias en ese complicado periodo.

Un número que sorprende aun más si tenemos en cuenta que 2.666 personas recibieron esta renta en todo 2019 (6.677 lo solicitaron) y que desde su creación en 2018 se han concedido 7.144 RMISAS en total. ¡La comparación con estos tres meses es abrumadora!, y, según fuentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es fruto de “la regulación de distintas medidas para agilizar el trámite de la Renta Mínima durante el estado de alarma, destacando la declaración de situación de emergencia a familias con menores a cargo y unipersonales y facilitando el trámite de las renovaciones que estaban presentadas”.

También informan desde la Consejería que durante el mes pasado han sido 2.633 los beneficiarios de la ayuda autonómica (una prestación mensual del 78% del IPREM, calculada en doce mensualidades y con incremento de un 10% por cada integrante de la unidad familiar distinto al solicitante ), estando incluidas en la cifra “las personas que cobraron prestación extraordinaria de emergencia Covid”.

“Me han llegado algunos casos de personas que han ido a pedir la Renta Mínima de Inserción Social de la Junta, es decir, que no la tenían concedida con anterioridad, y que se les está poniendo la pega de que primero tienen que pedir el Ingreso Mínimo Vital aunque sean figuras independientes”, asegura desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, María José García Orenes, que considera “un poco absurda” esta situación “porque son dos ingresos no contributivos que no tienen por qué ser excluyentes”.

De la misma opinión es la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA, Carmen Ferradans, que explica que “en principio, la norma las hace compatibles”. Es más, para la docente “incluso aunque haya que acreditar una ausencia de rentas e ingresos para que te reconozcan el Ingreso Mínimo Vital, entre las computables no están contempladas las cuantías que se perciben por este tipo de rentas mínimas autonómicas”. Es decir, para Ferradans, el IMV y la RMISA son compatibles y no computables según el Real Decreto Ley 20/2020 que regula el IMV.

Pero desde la Junta de Andalucía no lo ven así confirmando que, de alguna manera, los casos con los que se ha encontrado García Orenes son ciertos. “Son dos prestaciones compatibles pero, al mismo tiempo, son computables, es decir, la Renta Mínima de Inserción Social complementa al Ingreso Mínimo Vital, siempre que este sea de inferior cuantía. Una unidad familiar debe solicitar primero el IMV y luego la RMISA, que complementará al IMV”, arguyen desde la Consejería.

Pero, teniendo en cuenta la lentitud con la que se está tramitando el Ingreso Mínimo Vital (sólo 16.021 expedientes resueltos de los 41.930 presentados desde junio en la provincia d e Cádiz), vuelve a ser el ciudadano en situación de pobreza el que quede en una situación todavía de mayor desprotección, puesto que no podría comenzar a tramitar la ayuda autonómica hasta que no se le resuelva la prestación estatal.“Sí es cierto que el legislador deberá de plantearse a futuro una reordenación del conjunto de ayudas estatales y autonómicas porque los objetivos, en cierta manera, se solapan”, opina la profesora de Derecho del Trabajo aunque asegura que la norma actual compatibiliza “perfectamente” la solicitud y el cobro de estos dos apoyos económicos.

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