La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, afirmó que el acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el empleo de los remanentes de tesorería de las entidades locales, supone “un avance evidente”, que permitirá a los ayuntamientos y a las diputaciones elevar el techo de gasto, reducir costes financieros e incrementar las inversiones que llegan directamente a los ciudadanos.

En esos términos se expresó la presidenta de la institución provincial al término del Pleno extraordinario y urgente convocado para debatir una propuesta del Partido Popular, planteada para reprobar las citadas medidas financieras. La sesión monográfica se saldó con el rechazo a la iniciativa del Grupo Popular: votaron en contra de la proposición PSOE, Adelante Andalucía, La Línea 100x100, IU y Andalucía por Sí; la propuesta fue secundada por el PP y Ciudadanos.

La moción fue defendida por el portavoz popular José Loaiza y comprendía la adhesión a un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 27/2020, que regula el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la FEMP, al entender que atenta contra la autonomía local. La propuesta también planteaba el rechazo al negociador entre ambas instituciones, así como la reprobación del presidente de la FEMP, Abel Caballero, entre otras pretensiones.

Dos grupos de Diputación –Andalucía por Sí y Adelante Andalucía– solicitaron la votación de cada punto por separado. Además, Adelante Andalucía presentó unas enmiendas a la propuesta pero Loaiza expresó la negativa de su grupo a todas estas alegaciones. La iniciativa se mantuvo por tanto en su redacción original y fue rechazada por el Pleno de la Diputación al ser sometida a una única votación.

Las medidas financieras acordadas entre Gobierno y FEMP plantean la concertación de un préstamo de las entidades locales, sobre la base de sus remanentes, a favor de la Administración General del Estado. Estos recursos volverían a ayuntamientos y diputaciones como transferencias, permitiendo incrementar el techo de gasto y eludiendo los costes financieros ligados al depósito de esos fondos en las entidades bancarias.

Según ha explicado Irene García, “las medidas son mejorables pero suponen un avance evidente”. “Como presidenta de Diputación siempre he defendido la libre disposición del superávit, la flexibilización de la regla de gasto y la eliminación de la ley Montoro (Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)”, ha subrayado.

En este sentido, la presidenta de la Diputación ha añadido que “ahora hay una alternativa válida dentro del marco que se permite y la voluntad del Gobierno de España es seguir avanzando”. “Es además es una medida voluntaria que, en caso de prosperar, permitirá incrementar la llegada de fondos a los Ayuntamientos”, ha especificado García, recordando que el ejecutivo que preside prioriza la inversión en creación de empleo y servicios públicos sobre la amortización de la deuda con las entidades financieras.

El debate plenario aportó un dato de interés aportado por el responsable del área de Servicios Económicos de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix. “Sólo en el presupuesto del año 2020 hemos reservado hasta 1,5 millones de euros para el pago de intereses por el importe de los remanentes depositados en los bancos al término del año 2019”, ha resaltado. Se trata de un coste que eludirían las entidades locales que se acojan al nuevo sistema propuesto y que aún debe someterse al Congreso para su convalidación o derogación.