Otra de cal y otra de arena. La Junta le tendía una vez más la mano al empresario Pascual para que firme "ya" el concierto que mantiene en vilo a más de dos mil trabajadores de sus clínicas y a las poblaciones que reciben atención sanitaria en sus centros hospitalarios. Pero, a la vez, le recordaba que sigue echándole para atrás las facturas que Pascual le sigue remitiendo al Servicio Andaluz de Salud por los servicios prestados a los usuarios remitidos por la Junta desde el 1 de noviembre de 2015.

Desde esa fecha, rotos ya los lazos entre Junta y Pascual, el empresario ha remitido al SAS facturas por valor de 90 millones de euros que la empresa dice que podría repercutir en los pacientes si la Junta finalmente no le paga.

El consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios envió ayer un mensaje a Pascual a través de los medios de comunicación en el que le expresaba su confianza en que la empresa sanitaria "entienda que ya es hora de llegar a un acuerdo" sobre los conciertos hospitalarios, recordando que la Junta de Andalucía le ha presentado una oferta "buena y razonable".

En este sentido, Jiménez Barrios señaló que, si se analiza la historia de lo que ha venido ocurriendo en la renovación de los conciertos con la empresa privada Pascual, se ve que "siempre tiene conflictos". En este punto, resaltó que se trata de un proveedor del Servicio Público de Salud y, por lo tanto, "lo que debe hacer es llegar a un acuerdo".

Insistió en que Pascual "en este momento tiene una oferta de la Junta de Andalucía a la que tiene que responder", añadiendo que el dinero que se le paga a la empresa es el que han planteado los servicios económicos y jurídicos de la Junta. Por tanto, esa propuesta "debe ser tomada como lo que es: una oferta intencionadamente buena y razonable para llegar a un acuerdo", que ha insistido en que debe producirse "ya".