En la lista interminable de asesores que tiene la Diputación de Cádiz, 25 si sumamos los que están asignados al gobierno provincial o al Grupo Socialista en esta institución, hay uno que ha demostrado tener una suerte tremenda. Su nombre es Joaquín Macías, quien fuera años atrás un peso pesado en el Ayuntamiento de Arcos, en el PSOE arcense y en la ejecutiva provincial que lideraba y lidera Irene García. Y tiene suerte, mucha suerte, primero porque, pese a que era el delegado municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arcos, se libró de chiripa de una condena de los tribunales de Justicia que se llevó a la ex alcaldesa socialista Pepa Caro y a buena parte de su gobierno municipal. Pero siguió recurriendo a su suerte porque, aunque sí resultó condenado por acoso laboral en un caso diferente de Arcos, Irene García optó por mantenerlo como asesor del Grupo Socialista de la Diputación, haciendo caso omiso a las exigencias tanto internas como externas que reclamaban su cese al entender que no era de recibo que la institución provincial estuviera pagándole un sueldo a un prevaricador. Y ahí sigue desde hace ya seis años.

El chaparrón político que se ha desatado en estos días tras conocerse el incremento en un 75% del coste salarial de los cargos de libre asignación en el gobierno de la Diputación bajo el mandato de Irene García ha llegado hasta el vecino de a pie, que entiende que un asesor político o un cargo de confianza es lo mismo: alguien al que se le abre una puerta, o dos, o muchas a través de la llave de un partido político. Y eso crea cierto resquemor entre la población, que ve cómo este personal eventual entra sin ningún filtro promocional durante un tiempo en las instituciones públicas bautizados por unas siglas.

Como dijo este periódico días atrás, la mitad de la veintena de asesores ligados al gobierno de Irene García no pisa la Diputación porque están centrados en sus obligaciones como alcaldes o como líderes locales del PSOE en sus municipios. Pero, además, hay cinco cargos de libre designación adscritos al Grupo Socialista, en la institución provincial, como también lo tienen otros grupos políticos, aunque estos en menor cuantía.

Uno de estos asesores políticos es Joaquín Macías, que fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arcos y ex secretario general del partido bajo los mandatos de la ex alcaldesa socialista Pepa Caro, entre 2003 y 2011, y que, a partir de 2015, el PSOE de Irene García lo reclutó para sus filas en la Diputación como hombre de confianza. Hoy por hoy, Macías ostenta el cargo de coordinador técnico del Grupo Socialista en Diputación, un 'peso pesado' en el organigrama de la formación y un hombre con suerte. Sí, con suerte, si se ve con distancia ya que este asesor sigue en política pese a enfrentarse a dos procesos judiciales cuando era concejal de Urbanismo en Arcos, que bien podrían haber puesto en el aire su carrera política. Y en uno fue incluso condenado.

El primero de estos procedimiento judiciales estuvo relacionado con un delito contra la ordenación del territorio cuando Macías era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arcos, donde se aprobaron licencias de primera ocupación ilegales a una decena de vecinos del pueblo. Aquello fue en el mandato 2007-2011 y el entonces concejal salió absuelto. No corrieron la misma suerte sus compañeros de fila, empezando por la que era entonces alcaldesa de la ciudad, Pepa Caro, y otros cinco ediles, que por dar aquellos permisos fueron condenados a siete años de inhabilitación para cargo como concejal para sorpresa de todos ellos. En el meollo de aquel asunto estuvo la reunión de una junta de gobierno local celebrada en 2010 donde los seis condenados votaron a favor de esas licencias. Curiosamente a esa reunión no asistió Joaquín Macías, pese a ser el delegado de Urbanismo. El juez dijo que no había resultado probado que las propuestas para la concesión de las licencias fueran realizadas por él. Por aquel entonces, Joaquín Macías, que había sido mano derecha de Pepa Caro durante años, ya alternaba su cargo de edil de Urbanismo con un empleo que consiguió en una entidad bancaria.

Directa o indirectamente aquel fallo judicial (fechado en enero de 2017) cayó como una losa en el seno del PSOE de Arcos. Hubo incluso algún distanciamiento en las filas socialistas, pues los procesados confiaron plenamente en el asesor jurídico que el propio Joaquín Macías buscó para todos ellos y no llegaron a entender o se les escapó la distancia kilométrica que había con respecto a las sentencias condenatorias de unos y la absolución del responsable directo de la Delegación Municipal de Urbanismo. Huelga decir que esa sentencia apartó de un plumazo a Pepa Caro de la política activa, a la que dedicó varios años como delegada provincial de Cultura y luego como alcaldesa de Arcos. Tras su condena Pepa Caro recabó apoyos de destacados miembros del PSOE como, por ejemplo, la actual vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo.

Tras esta condena Joaquín Macías siguió escalando en el partido y un puñado de meses después de aquel fallo judicial, Irene García lo reforzó como secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz.

Pero en septiembre de ese mismo año 2017 Joaquín Macías sí terminaría siendo condenado a un año de cárcel, dos años de inhabilitación y a una indemnización de 66.000 euros por acosar laboralmente a un arquitecto municipal cuando era edil en el Ayuntamiento de Arcos. Esta condena fue ratificada por la Audiencia Provincial un año después. Macías abandonaba sus cargos en el partido y era relevado en la ejecutiva provincial por Jesús Solís. Pero, pese a su condena por prevaricación, Irene García lo mantuvo como cargo de confianza en el Grupo Socialista de la institución provincial, de donde ha seguido cobrando todos estos años. La presidenta de la Diputación optó por hacer oídos sordos no sólo a los partidos de la oposición, que pedían la cabeza del asesor, sino a voces críticas de su partido que le recordaban a la también secretaria general del PSOE de Cádiz que se estaba saltando a la torera el mismo código ético del propio Partido Socialista para aquellos miembros de la formación condenados en procedimientos penales.

Siempre bajo el manto protector de Irene García hoy Joaquín Macías no sólo se mantiene como cargo de confianza en la Diputación gaditana sino que es además uno de los asesores más influyentes que tiene el PSOE en esta institución. Y orgánicamente está volcado actualmente en preparar la campaña de Susana Díaz para intentar revalidar su cargo como secretaria general del PSOE de Andalucía.