La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha garantizado hoy la renovación del concierto con los hospitales que gestiona la empresa Pascual en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, que en estos momentos "se está negociando". 

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha visitado el centro de atención temprana de Aspromin, Sánchez Rubio se ha referido a las protestas llevadas a cabo este fin de semana por las distintas plantillas de estos centros para defender sus puestos de trabajo a raíz de la falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y la entidad privada para renovar el convenio de concierto sanitario que mantienen. 

La consejera ha indicado que, en general, "no estamos teniendo problemas con los conciertos con otros tipos de entidades" y que en este caso es la reivindicación de Pascual la que está demorando la renovación del concierto. 

Ha querido dejar claro que hay una prórroga automática de los mismos de dos meses, pues no ha habido denuncia de los convenios y "en estos momentos se está negociando". 

En este sentido, ha asegurado que "como es lógico todos los conciertos se han visto afectado por la reducción que ha tenido la sanidad pública, si tenemos una reducción en este ámbito los conciertos igual". 

Sánchez Rubio ha señalado que dicha reducción "ya se ha aplicado al resto de los conciertos con normalidad, y tal y como está planteado, nosotros entendemos que no ha de ocasionar ningún transtorno especial, se está en conversiones y yo espero que no haya ninguna dificultad". 

Ha asegurado que la preocupación del personal es "la normal cuando se le transmite que pueden peligrar sus puestos de trabajo" aunque "nosotros no somos quienes para garantizarlos son las empresas que los tienen contratados". 

"Nosotros garantizamos el concierto y no tiene porque haber ese peligro o preocupación, aunque eso se irá comprobando con el paso del tiempo" ha indicado, confiando en que "todo vuelva a la normalidad" y se pueda mantener el servicio que vienen prestando. 

La raíz del desacuerdo es que la Junta desea rebajar en un 2,3 % el coste de los servicios conveniados, algo que la empresa, que hasta el momento ha guardado silencio, no aceptaría.