La Delegación Territorial de Medio Ambiente demanda a la Demarcación de Costas Atlántico que emita el informe sobre las casetas y establecimientos de la playa de La Casería de San Fernando que requiere la declaración de interés público de la zona con la que se intenta salvar este enclave. "El día 28 de junio acabó el plazo y Costas debería haber presentado el informe. Una vez pasada esa fecha, procede declarar desfavorable el expediente, pero hay que darle una oportunidad", explica el delegado Daniel Sánchez.

El delegado territorial critica la actitud de la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que acusa de haber metido a la Junta "en un berenjenal" iniciado por ella misma. "En la Delegación en el ejercicio lealtad con ambas administraciones intentamos no interferir en la intención del Ayuntamiento de apoyar la recuperación posesoria, es una cuestión de autonomía del dominio público tanto del Ayuntamiento como de Costas. El gobierno municipal vista la reacción lo que hace es meter a la Junta", insiste. 

En ese sentido, rechaza las quejas de la regidora sobre la falta de informe de la Delegación Territorial porque, aclara, son la administración competente para recabar primero los informes y luego posicionarse. Desde el momento que inician el expediente se muestran favorables, entiende, y de hecho recuerda que "nos comprometimos con los caseteros y perjudicados a iniciar este trámite". En cualquier caso en el escrito enviado a Costas para solicitarle de nuevo el informe dejan "negro sobre blanco" constancia que de "mostramos nuestro predisposición para la procedencia a la declaración de interés público".

Si bien el Ayuntamiento de San Fernando ha remitido el informe pertinente, Sánchez advierte de que se trata de "un informe generalista", "para cubrir el expediente", porque "no justifica" la compatibilidad de la legalización por razones de interés público con la protección del dominio público, ni valora que el tramo de costa ocupado no se encuentra en situación de grave regresión como establece el Reglamento de Costas y ni acredita que las demoliciones no supondrían beneficio significativo para el lugar.

Ante la falta de respuesta de Costas, la Delegación Territorial de Medio Ambiente tendría que proceder a dar concluso el expediente que sería "desfavorable" para la legalización de las ocupaciones de la playa de La Casería. Así lo fija la Disposición Transitoria decimotercera del Reglamento General de Costas que exige el informe de las tres administraciones implicadas: Costas, Ayuntamiento y Junta. La no emisión se considera en este caso como una respuesta negativa a la declaración de interés general.

A pesar de ello, "exprimimos al máximo el reglamento", y se admitirá el informe fuera de plazo. Incluso se ha demandado a la Demarcación este informe de nuevo y se le da otro mes de plazo. "atendiendo el interés social de los afectados". Igualmente se insiste en la paralización de las demoliciones. 

El presidente local del PP, José Loaiza, reclama en este asunto a la alcaldesa "que se deje de engañar, de mentir" y reitera su demanda de que convoque una reunión con la ministra de Transición Ecológica" en Madrid para tratar este asunto con los afectados con la presencia de los portavoces municipales. "No se puede estar confundiendo a la gente, tiene a los caseteros confundidos. Tiene que hablar con su Ministerio y pedirle que remita ese informe favorable", apunta. Para el líder popular Cavada "quiere recuperar aquello, pero sin que le cueste votos".