Ocurrió con las listas de espera del SAS. Según el nuevo ejecutivo andaluz, el anterior gobierno autonómico ocultó a 506.408 pacientes pendientes de una operación o de una cita con el médico especialista en Andalucía. Ahora le toca el turno a la Ley de Dependencia. Listas de espera encubiertas y una cifra real mayor de la esperada. Esto es lo que explicó este miércoles la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, quien denunció la existencia de dos listas: la A u oficial, y la B, de la que hasta ahora no constaba ningún dato. En la primera se contabilizaron 13.609 gaditanos que esperan la aprobación de su expediente; en la segunda hay 2.056 que solicitaron la ayuda de la Ley de Dependencia pero que no constan en ningún archivo.

Por tanto, en la provincia existen 15.665 personas pendientes de la resolución de sus informes, lo que supone el 14,3% del total de Andalucía. La delegada de la Junta en Cádiz señaló que estas listas están compuestas por gaditanos que “han pedido la ayuda de la Ley de Dependencia y no constan como solicitantes y por aquellos que la han solicitado y tienen reconocido el grado pero no han recibido los servicios”.

Otro dato relevante aportado por Mestre es que Cádiz es la provincia con más usuarios con el Grado III de dependencia, el más alto de los que existen. Así, habría 1.717 gaditanos muy dependientes que están a la espera de conseguir los servicios que les corresponden a través de esta Ley.

Para la delegada de la Junta “este dato es lamentable” y pone de manifiesto que “la incapacidad y resignación de los sucesivos gobiernos socialistas han propiciado que la situación financiera y la gestión sea peor de los que preveíamos. Es un auténtico fraude económico y social a los andaluces”.

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, considera que estos datos ponen de manifiesto un “auténtico fraude”

Para “invertir la situación que se está padeciendo en materia de dependencia”, el nuevo ejecutivo andaluz va a poner en marcha un “plan de choque” al que se dirigirán 77 millones de euros. Este plan se centrará, como detalló el delegado territorial de Igualdad y Políticas Sociales, Miguel Andreu, en la digitalización “para avanzar en estos procesos tecnológicos” con el objetivo de facilitar la interoperatividad con otros sistemas y que “las administraciones y entidades prestadoras de servicios puedan acceder a las mismas bases de datos minimizando los tiempos de espera”; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación para acortar la gestión; mejorar la coordinación entre la Consejería de Igualdad y la de Salud “para minimizar los tiempos” y facilitar “a las personas mayores el proceso mediante la ventanilla electrónica”. En definitiva, coordinación y agilización de los tiempos.

Por otra parte, Mestre anunció que se incorporarán al sistema los dependientes con Grado I que son los que reciben menos cobertura.