Las embarcaciones deportivas de la provincia de Cádiz han enarbolado la bandera de guerra ante la decisión de la Junta de Andalucía de eliminar las bonificaciones que, desde hace décadas, se venían aplicando a las tarifas de los atraques en los puertos deportivos de toda Andalucía. Y no se trata de una declaración de intenciones sino que muchos de los usuarios de estos muelles ya han tomado la decisión de abandonar la provincia y llevarse sus embarcaciones incluso a puertos de Portugal o Ceuta, lejos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), donde las tasas son inferiores y las instalaciones son mucho mejores.

Han sido los propios usuarios gaditanos los que se han constituido en plataforma y han sacado las pinturas de guerra para intentar por todos los medios evitar la aplicación de las nuevas tasas de atraque. La APPA ha hecho ya público el incremento de esas tasas que provocaría que, con una subida de entre un 40 y un 55%, por ejemplo, el propietario de una embarcación de diez metros de eslora pasaría de pagar unos 2.950 euros al año, a pagar 4.200 euros. Y es que la subida de la tasa se suma al hecho de que la orden ya publicada a finales de diciembre del año pasado incluye también la obligación del usuario del atraque a pagar un canon de agua y de luz, independientemente de como sea su consumo. Evidentemente esto provocará situaciones de excesiva desigualdad, ya que una embarcación de seis metros pagará lo mismo que una de doce, teniendo la primera menor requerimiento de agua y casi ninguna necesidad de luz al no contar, ni siquiera, en ocasiones, con una nevera a bordo.

Otro tema agrava la situación de los usuarios de estos puertos deportivos tutelados por la Junta a través de Puertos de Andalucía: ante la subida podría caber un "no pago", pero la Junta ya se ocupó de convertir las cuotas por los atraques en tasas. Eso provoca que el que no paga se verá perseguido por la propia Hacienda, con el consiguiente desvelo que puede provocar la pesadilla de un embargo por impago.

Los usuarios de los puertos gaditanos se han provisto de los mejores letrados y han sacado toda la artillería legal posible para intentar que la Junta recule y anule el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, o bien que atienda a razones y reconsidere la subida.

Así han remitido un escrito a la Consejería de Obras Públicas de la Junta en el que aducen una serie de defectos de forma tales como haber hecho caso omiso a los trámites legales de audiencia de alegaciones. Mientras tanto, el lunes que viene la directora de Puertos, María Pérez, tiene programada una ronda de reuniones con los responsables de los distintos puertos deportivos gaditanos en las que se verán las caras e intentarán algún tipo de acuerdo que evite un largo proceso judicial.

Destacar que los puertos de la APPA han recibido numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de otros puertos de la provincia que viven en régimen de concesión administrativa.

55