Provincia de Cádiz

Justicia destruye más de 400.000 expedientes antiguos para liberar espacio en los archivos

  • La Junta de Expurgo ha aprobado eliminar documentos que van desde el año 1945 a 2002, salvo uno por año que irá al Archivo Histórico Provincial

Una funcionaria de Justicia ante una estantería repleta de expedientes. Una funcionaria de Justicia ante una estantería repleta de expedientes.

Una funcionaria de Justicia ante una estantería repleta de expedientes. / G.J.

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Cádiz va a eliminar 408.041 expedientes judiciales carentes de valor contenidos en 9.236 cajas, tal como acordó en sus dos últimas sesiones la Junta de Expurgo, órgano integrado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Consejería de Justicia, con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los juzgados y tribunales de la comunidad.

Los documentos que van a ser eliminados son expedientes de diligencias previas, juicios de faltas y recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas que van desde los años 1945 hasta 2002.

Asimismo, la Junta de Expurgo ha aprobado que un expediente por año sea remitido al Archivo Histórico Provincial como muestreo. De esta forma, se archivarán 706 expedientes de los más de 400.000 y 117 cajas.

Los partidos judiciales que se liberarán de este papel serán los de Alcalá de los Gazules, Algeciras, Barbate, Cádiz capital, Chiclana, El Puerto, La Línea, Medina, Rota, Puerto Real, San Fernando, Sanlúcar, Tarifa y Ubrique.

La eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada. Además, supone un ahorro en gastos de conservación de los archivos.

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquella que posea un relieve social, económico, político o cultural.

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