La directora general de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonia Rubio, se ha reunido este viernes con entidades y colectivos de Cádiz para darles a conocer los detalles de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. El texto normativo, que según la Junta "será un referente en la protección a los y las menores andaluces", inició el trámite parlamentario el pasado 24 de marzo con el apoyo mayoritario de la Cámara tras el rechazo a la enmienda a la totalidad de Vox.

La nueva norma, ha destacado Rubio, mejora y amplía la hasta ahora vigente, de 1998, y refleja “el compromiso del gobierno andaluz con toda la infancia y adolescencia en Andalucía y, en especial, con quienes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad” a través de la planificación de políticas públicas orientadas a su desarrollo integral. La inclusión de la perspectiva de infancia en los presupuestos públicos que contempla la ley es a su vez una medida pionera y demandada por las entidades del sector.

En el encuentro, en el que la directora general de Infancia ha estado acompañada por la delegada territorial de Igualdad en Cádiz, Ana Fidalgo, han participado una decena de entidades que trabajan con menores, como Agencia Internacional New Project (Adoles), ANIDE, Nuevo Futuro Cádiz y Campo de Gibraltar, Afanas, Asansull, Hijas de la Caridad, Congregación Rebaño de María, Fundación Don Bosco, Fundación Márgenes y Vínculos, Accam, Fundación Samu, Fundación Diagrama, Acógeles, Familias Solidarias y Cruz Roja.

Rubio ha subrayado que hasta una veintena de entidades y organismos, junto a profesionales de los equipos de tratamiento familiar, de los servicios de protección y prevención, han participado ya en la fase de redacción del nuevo texto legal, “lo que confirma la apuesta de esta Consejería por el diálogo como forma de gobernanza”. “Las entidades son las que mejor conocen la realidad de la infancia andaluza y sin las que hubiera sido imposible haber llevado a cabo este proyecto”, ha subrayado para agradecer su implicación.

Fomento del acogimiento familiar

La norma recoge las nuevas necesidades surgidas en los últimos 23 años y asume los nuevos escenarios legislativos y tratados internacionales suscritos por España en materia de atención a la infancia, como el uso responsable de las nuevas tecnologías, con especial atención a internet y las redes sociales, o el riesgo de adicciones.

Asimismo, apuesta de forma decidida por fomentar el acogimiento familiar, mientras que el acogimiento residencial solo se acordará cuando no exista la posibilidad de una medida de protección de carácter familiar, y nunca para menores de trece años. La misma edad mínima que se fija para determinar la entrada en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.

En el caso de Cádiz, en estos momentos hay 276 menores y adolescentes en los centros de acogimiento tanto de titularidad pública como colaboradores. El objetivo es que todos ellos puedan pasar a un entorno familiar, dado que la norma “fortalece el reconocimiento a las familias como institución fundamental en nuestra sociedad para el desarrollo de la persona”, ha señalado Rubio.

El proyecto de ley incorpora además medidas transversales como la atención temprana infantil de calidad a los menores de 0 a 6 años; la promoción de entornos de enseñanza y aprendizaje inclusivos o la gratuidad y extensión de las plazas de 0 a 3 años para menores en riesgo de exclusión social, así como la implementación de programas de orientación e intervención familiar, acciones contra el maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia de género o la discriminación en el ámbito educativo.

Acompañamiento hasta los 25

“Aprobar esta ley es un ejemplo de compromiso político, responsabilidad y generosidad para toda la sociedad, una demostración de que nuestra preocupación como representantes de la ciudadanía andaluza es mirar por el futuro de los más pequeños”, ha defendido la directora general.

Otro de los elementos novedosos será la regulación de los criterios de actuación en materia de protección de menores. La declaración de situación de riesgo para cualquier menor tendrá que ir acompañada de un plan de intervención familiar durante 12 meses, a fin de corregir la situación de riesgo y garantizar el desarrollo del menor con entorno familiar.

Además, se incorpora la figura de la guarda provisional para ejercer la protección inmediata de un menor cuando se considere que es necesario mantenerle fuera del contexto familiar. Y se regula la figura del desamparo provisional ante circunstancias que pongan al menor en grave riesgo física o psíquica.

La protección a las personas se extiende, con carácter voluntario, a quienes alcanzan la mayoría de edad y hasta los 25 años. Como ya sucede en la actualidad, se empezará a prepararles para la vida independiente con itinerarios personalizados de inserción social y laboral a los 16 años, y tras cumplir 18 años, la Junta y los servicios sociales comunitarios harán un seguimiento de su proceso de integración social.

Por último, la ley dispone de un régimen sancionador más completo con una regulación más exhaustiva de las infracciones. Junto a ello, se implantará un  sistema de información de protección a la infancia y la adolescencia con nuevos parámetros para evaluar su bienestar; se integrarán los registros existentes con la Historia Social Única para agilizar los procedimientos y se regulará el Observatorio de la Infancia.