El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, ha señalado hoy que "no se puede utilizar a los trabajadores y al miedo a perder un empleo para utilizarlo contra la Junta de Andalucía para conseguir mayor beneficio empresarial" en alusión a la dirección de Pascual. 

López Gil ha valorado el anuncio hecho ayer por la consejera de Salud, Ma José Sánchez Rubio, que consiste en una prórroga unilateral por un año del concierto  que la administración autonómica mantiene que esta empresa privada y que afecta a cuatro centros en la provincia de Cádiz, uno en Huelva y otro en Málaga. 

"La Junta ha cumplido con el compromiso que nos pedían los trabajadores ya que está asegurado el empleo" ha manifestado el dirigente socialista al tiempo que afirma que se eliminan "algunas de las falsedades que se están diciendo sobre este tema". 

En este sentido ha desmentido, como aseguran los trabajadores, que se estén derivando menos pacientes ya que, según el balance que han elaborado del año 2013, el porcentaje es mayor que en 2012 y ha asegurado que continúan con el "firme compromiso de mantener ese número de transferencias". 

López Gil ha añadido que "ha sido mucho el beneficio económico que ha conseguido la empresa en los últimos años" y que, lo que buscaba Hospitales Pascual en esta ocasión era "obtener otros mercados de trabajo" que la Junta considera que "ni es la forma ni es el momento" ya que la administración autonómica "está dispuesta a hablar con la empresa para otras acciones que quiere llevar a cabo pero nunca para privatizar servicios sanitarios". 

"Espero que el conflicto se termine porque la Junta de Andalucía ha cumplido" -añade- y ha desmentido a quienes decían que la rebaja exigida era mayor".