Un gran número de profesoras y profesores del IES Mar De Cádiz, ante la actual crisis sanitaria y sus nefastas consecuencias en el sistema educativo queremos manifestar lo siguiente:

Un año más clausuramos el curso con una alarmante cifra de unidades cerradas en la escuela pública, casi 1.500 aulas suprimidas en Andalucía desde 2011, 487 unidades suprimidas en el último curso. Algo muy distinto encontramos en los centros privados concertados donde, según fuentes del sindicato USTEA, «no solo no se cierran aulas, sino que el próximo curso atenderán a más de la mitad del alumnado de muchas capitales y ciudades medias de Andalucía, en ocasiones hasta llegar a un 60 o 70 % de la población escolarizada». Esto está ocurriendo en Cádiz. El sindicato CGT aporta datos también escalofriantes: «7.458 plazas de docentes públicos se han perdido en Andalucía en los últimos 4 años, 6.118 de ellos en Primaria», una etapa que debería ser objeto de un tratamiento especial.

El proceso de desmantelamiento iniciado con la anterior administración educativa, continúa y se consolida con la actual Consejería de Educación y Deporte encabezado por el consejero Javier Imbroda. Una inercia vergonzante que constata el poco valor que nuestras administraciones atribuyen a un servicio público tan esencial como es el de la EDUCACIÓN.

Esta falta de interés y apoyo se ha puesto también en evidencia en esta última situación de alarma sanitaria que hemos vivido, en la que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la escuela se ha mantenido abierta gracias al esfuerzo y el tesón del profesorado que ha demostrado una generosidad y una responsabilidad sin límites de horarios y dedicación.

La actual pandemia nos ha dado de bruces con una realidad que ya conocíamos, pero que al ponerla ante nuestros ojos de una manera tan directa y brutal ha hecho que pueda visibilizarse con una claridad y crudeza apabullantes: Nuestro sistema público de educación necesita de una seria inversión que la dote de recursos materiales y humanos adecuados para ofrecer un servicio tan esencial con dignidad y calidad.

Fortalecer y blindar la educación pública es una responsabilidad que nuestros representantes políticos eluden de una manera absolutamente inadmisible. El abandono y el trato que recibimos es intolerable. Las consecuencias de esta situación perpetuada en el tiempo así lo han puesto de manifiesto en esta guerra contra la COVID que hemos librado en primera línea de batalla, donde la elevada ratio con la que habitualmente convivimos ha impedido una atención individualizada que garantizara la cobertura del 100% de nuestro alumnado. La brecha digital y multitud de circunstancias sociales de todo tipo han puesto de manifiesto que nuestro sistema aún no está preparado para paliar las grandes desigualdades que existen en nuestra población. Indignación, rabia y frustración han sido los sentimientos con los que hemos trabajado en estos últimos meses de confinamiento. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades sufridas, sentimos la satisfacción del deber cumplido.

Entendemos que esta dura experiencia debería ser considerada como un antes y un después para que el próximo curso no empiece como si nada hubiera pasado. Lo que ha ocurrido ha sido muy grave y no puede volver a repetirse. Y para eso exigimos una co-responsabilidad de las administraciones educativas acordes con el esfuerzo que hemos hecho y seguimos en disposición de hacer. Pero no podemos hacerlo en solitario, se requiere de una implicación seria y responsable de la Consejería de Educación y Deporte que nos haga creer que apuesta por un servicio público de educación de calidad. Necesitamos urgentemente un «Plan de emergencia educativa» que podría traducirse en:

1. Una gran inversión de dinero público para la escuela pública: Tenemos un déficit histórico en inversión educativa, que hace que la población andaluza tenga que sufrir grandes carencias educativas que refleja el poco valor que se da a la educación como servicio público esencial, por ser desde tiempo inmemorial del todo insuficiente.
2.  Un blindaje que impida continuar con el cierre de unidades en la red de servicios públicos.
3.  Queremos volver en septiembre con todas las garantías sanitarias.
4.  La bajada de la ratio es fundamental, no solo para garantizar la salud, sino para dar la atención individualizada que nuestro alumnado necesita.
5. Entendemos que en determinados niveles, las clases presenciales deben ser indispensables; las clases telemáticas no pueden ser algo alternativo ni paralelo.
6.  En los casos en los que se lleve a cabo, el teletrabajo deberá realizarse con todas las garantías y compensando todas las desigualdades sociales y culturales. Máxima prioridad a familias sin recursos y alumnado de NEAE. Se deberá también establecer acuerdos con teleoperadores que garanticen conexiones robustas a precios razonables, dotar de material informático al profesorado y a los centros, así como ofrecer facilidades para adquirir una formación y asistencia técnica para paliar todas las dificultades que nos vayamos encontrado.
7.  Este servicio de calidad al que aspiramos necesita de una gestión pública de personal de apoyo en el área de los servicios sociales que trabaje en estrecha colaboración con el departamento de orientación, pilar éste fundamental en su papel de atención a la diversidad. Además debe contemplar la necesaria incorporación de personal sanitario que permita atender las demandas que en cuestiones de salud tenga toda la comunidad educativa.
8.  Rechazamos de pleno la idea de la administración de «autonomía de centro» amparándose en este concepto para eludir ciertas responsabilidades y dejarlas caer sobre las espaldas de los equipos directivos. Entendemos que si la administración no responde adecuadamente con medidas en la línea de garantizar la salud y la atención educativa, es suya y solo suya la responsabilidad que dichas carencias ocasionen.

Entendemos que la situación en la que nos encontramos es la ocasión perfecta para empezar a cambiar el rumbo que hasta ahora, y desde hace ya muchos años, ha ido llevando la educación. Esta situación nos ha puesto de manifiesto que no podemos continuar así, que la administración educativa tiene que hacer una apuesta seria que ponga de manifiesto lo que para nuestra comunidad educativa es una verdad incontestable, a saber, que «los servicios públicos de calidad son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades».

En septiembre queremos una vuelta segura a las aulas, pero también con todos los medios necesarios que nos permitan ofrecer un servicio público digno y de calidad. Por eso exigimos los medios necesarios para que eso sea posible y se ponga en pie un PLAN serio, veraz, viable y comprometido que trabaje en la línea de construir una escuela pública DE CALIDAD, DIVERSA , IGUALITARIA E INCLUSIVA DE TOD@S Y PARA TOD@S.