María José Campanario no quiere pactar su condena en la Operación Karlos. La esposa del torero Jesulín de Ubrique se ha descolgado del grupo de procesados que ha llegado a acuerdos con el fiscal y ha decidido pelear en el juicio y defender allí que es inocente. La vista oral comenzará el próximo día 11 en la Audiencia Provincial de Cádiz, que afronta un juicio inusual para el que ya están acreditados unos 50 profesionales de distintos medios de comunicación. 

El fiscal solicita para Campanario cuatro años y medio de prisión por un delito de estafa y por cooperar en otro de falsedad. Si se declara culpable, le ofrece dos años, una pena que le permitiría pedir y probablemente obtener una suspensión de condena. Esto es, eludir la cárcel. Pero Campanario ha respondido con un no a la Fiscalía. No está dispuesta a admitir lo que afirma el fiscal en su escrito de calificación provisional: que entregó a Carlos Carretero 18.000 euros para que pusiera en marcha las actuaciones destinadas a obtener de manera fraudulenta una pensión de incapacidad laboral para su madre, Remedios Torres, que ni siquiera trabajaba. Ella también está procesada.

Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de Ubrique, es uno de los principales procesados de la Operación Karlos junto con el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara. El fiscal solicita para cada uno de ellos 10 años de prisión por estafa, falsedad y cohecho. Sostiene que elaboraron un plan en la provincia de Cádiz para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social destinadas a personas que pagaban por ello diferentes cantidades de dinero.

El fiscal ha cerrado acuerdos con unos quince procesados. Uno de ellos es Carretero. Pero en ese grupo no está Casto. Salvo Carretero, los acusados que se declararán culpables (en su mayoría clientes en la trama, es decir, personas que pagaban para conseguir una pensión) aceptarán penas de dos años o inferiores. De ese modo se libran de entrar en prisión.

El acuerdo con siete de esos quince procesados incluye que respondan a algunas preguntas que les hará el fiscal en el juicio. Las defensas de los acusados que no quieren pacto plantearán la batalla de las escuchas telefónicas: solicitarán al tribunal que anule esa prueba fundamental. Con las declaraciones de los que pactan, el fiscal pretende tener más atada su acusación si las escuchas son anuladas.