Más efectivos humanos y materiales. Y no solo de forma temporal, sino permanente, para afrontar tanto la crisis migratoria como la lucha contra el narcotráfico, dos fenómenos no conectados entre sí pero que tienen en el Campo de Gibraltar una incidencia muy especial con consecuencias evidentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió ayer con la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, a aumentar el número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para reforzar la lucha contra las mafias del narco y a incorporar más personas a los operativos que atienden a los migrantes.

"Ha habido un compromiso del ministro, justo lo que queríamos, compromisos concretos en torno a estos temas de extraordinaria importancia", resaltó Aguilar a su salida de la reunión mantenida con Grande-Marlaska en la sede del Ministerio. Aunque ninguno de los dos aludió al número concreto de efectivos que se destinarán, la consejera subrayó que el compromiso del ministro se pondrá de manifiesto en medidas que se tomarán a corto plazo.

Aguilar aseveró que el Campo de Gibraltar es una zona de "gente solidaria y trabajadora que tiene una problemática importante" en relación al narcotráfico y que necesita "recuperar la autoridad". Por esto, planteó al ministro la necesidad de más efectivos, un requisito "fundamental" para que recupera la normalidad que "merecen" sus ciudadanos.

"El Gobierno andaluz está totalmente comprometido con el Campo de Gibraltar, queremos que se impulse un plan integral y estamos actuando en el ámbito de nuestras competencias de manera coordinada con el Estado. El ministro conocía perfectamente lo que acontece en la zona", añadió la consejera, quien confirmó -tal y como adelantó ayer esta redacción- que el titular de Interior visitará en breve la comarca, una vez se reúna mañana, jueves, con su homólogo marroquí en el país vecino.

Preguntada por la Conferencia de Política Migratoria, cuya convocatoria ya se ha solicitado por parte de la Junta de Andalucía, la consejera manifestó que el tema de la inmigración hay que mirarlo a "nivel global como país y ponerlo en común con la Unión Europea" para poner medidas al respecto, tomando como base la "solidaridad y el respeto a los derechos humanos".

Por eso, insistió, es "fundamental" que las comunidades se reúnan para hablar con el Gobierno y acordar juntos "respuestas concretas donde se hable de la situación y de la realidad" de la inmigración en la actualidad. "Debemos buscar soluciones comunes y conjuntas para esa personas que llegan y creemos que esa sectorial es absolutamente imprescindible convocarla con orgencia", dijo, al tiempo que aseguró que el Gobierno será sensible y esa sectorial "se va a dar" pronto.

La consejera se mostró prudente en torno al desarrollo y resultados del Consejo Europeo de mañana, en el que los 28 países de la Unión intentarán responder a la situación de los migrantes que llegan por el Mediterráneo. Sobre la mesa está la creación de campamentos -llamadas de forma efumesmística "plataformas de desembarco"- en los que estas personas pasarían a ser analizadas para saber si tienen la condición de refugiados o si se les debe prohibir el acceso a Europa.

Esta propuesta vendría a repetir el polémico plan Turquía en algún país del norte de África para impedir que el grueso de los migrantes lleguen a pisar suelo europeo. La idea es elegir un país tercero que cumpla con dos requisitos: que dependa económicamente de los 28 y tenga capacidad de gestión.

La contrapartida sería monetaria. En el caso turco, la UE entregó en dos años 3.000 millones de euros. Cada barco rescatado en el Mediterráneo se llevaría hasta esa plataforma y ahí se haría la primera criba: quienes tengan derecho de asilo serán trasladados a Europa, los que vengan de países con los que hay acuerdo de deportación serán devueltos y los demás se quedarán allí en una suerte de limbo. ¿Serían trasladados a estas plataformas fuera de la UE los llegados en patera a las costas andaluzas o canarias? ¿Se crearán campamentos en suelo español?