Ramón Marrero, que fue hasta hace unos meses la cabeza visible de las sociedades propietarias del campo de golf de la Carretera de Sanlúcar (Golf El Puerto), aseguró ayer que tanto él como las empresas implicadas "han cumplido estrictamente con la legalidad" en todo lo relacionado con las licencias municipales que permitieron la construcción de estas instalaciones. Este medio publicó en su edición de ayer que Marrero ha sido imputado en unas diligencias abiertas por el Juzgado número 1 de El Puerto por las autorizaciones dadas a Golf El Puerto en 2002. En ella ya están incluidos varios ex responsables municipales, entre ellos el ex alcalde Hernán Díaz y los concejales de IP Pedro Alamillos, María del Carmen Díaz y José Joaquín Jiménez Portela así como el secretario municipal, Fernando Jiménez Romero, y el jefe de licencias del Área de Urbanismo, Fernando Jiménez Fornell. Las diligencias se abrieron tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de un fallo del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que anulaba las licencias y ordenaba iniciar un nuevo procedimiento ya que consideraba que había indicios de prevaricación por parte de los responsables municipales. No obstante, y a petición de la Fiscalía, se ha añadido a esta lista Ramón Marrero, como gestor entonces de las sociedades implicadas en el desarrollo del campo de golf (Golf de El Puerto SA e Inversiones Turísticas y Deportivas SL).

En un comunicado, el que fuera consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía señaló que su labor se ha limitado "al cumplimiento" de la autorización concedida por el Ayuntamiento "una vez obtenidos los informes técnicos preceptivos". "En todo momento -añade- las empresas intervinientes en este proceso, y en la parte que le corresponde a Ramón Marrero como uno de los miembros de su consejo de administración, han cumplido estrictamente la legalidad, obteniendo las preceptivas licencias y autorizaciones para todas y cada una de las actuaciones que han llevado a cabo".

Por otro lado, Marrero sostiene que, aunque las autorizaciones fueron anuladas por la sentencia del TSJA, "las obras realizadas resultaron legalizadas por la aprobación de la totalidad de los instrumentos de planeamiento y desarrollo exigibles legalmente", que, por cierto, se tramitaron con posterioridad a la aprobación de la autorización municipal con la que se construyó el campo de golf.

En el fallo judicial, el TSJA se mostró especialmente duro con la labor municipal. En 2002 se aprobaron a Golf El Puerto dos licencias provisionales, lo que fue calificado como un "evidente fraude de ley" por el alto tribunal andaluz. Incluso llegó a decir que se había utilizado esta figura "de forma torticera para subvertir el esquema urbanístico".